Diversas ciudades de La India han sido de nuevo el epicentro de las manifestaciones contra una polémica ley de ciudadanía impulsada por el Gobierno del premier Narendra Modi, que facilita la regularización de personas sin papeles, siempre que no sean musulmanas.
La nueva ley, votada el 11 de diciembre, facilita la adquisición de la nacionalidad india por parte de los refugiados de Afganistán, Paquistán y Bangladés, excepto si son musulmanes.
Los críticos la tachan de discriminatoria, dicen que vulnera la Constitución y que es parte de la agenda nacionalista del Gobierno de Modi para marginar —aún más— a los más de 200 millones de musulmanes indios.
Hasta ahora, las autoridades han adoptado un enfoque de línea dura para sofocar las protestas, evocando una ley británica de la era colonial que prohíbe las reuniones públicas. El acceso a Internet se ha bloqueado periódicamente en algunos estados y el Ministerio de Información y Radiodifusión ha pedido a sus organismos en todo el país que se abstengan de utilizar contenido que pueda inflamar aún más la violencia.
La modificación en la ley de ciudadanía por el Gobierno de la India representa un peligro para la convivencia, siempre delicada, en este país de 1200 millones de habitantes.
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