Durante una sesión parlamentaria celebrada el lunes, más de 200 legisladores iraquíes aprobaron revocar privilegios para los tres jefes políticos, el presidente, el primer ministro y el jefe del Parlamento, así como varios políticos de alto rango del país.
Los parlamentarios también abogaron por disolver los consejos provinciales irregulares y formar una comisión para elaborar una lista de cambios y presentarlos a los legisladores dentro de cuatro meses.
El Gobierno iraquí también se ha comprometido a abordar las demandas de los manifestantes, que están en las calles desde principios de octubre, mediante la entrega de un paquete de reformas económicas y políticas.
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Días después de que comenzaran las protestas, el Gobierno del primer ministro iraquí, Adel Abdul-Mahdi, realizó “reformas” económicas en el país. No obstante, las marchas continuaron y, empero, se trocaron violentas debido a la presencia de infiltrados armados entre los manifestantes.
Conforme opinan varios analistas, la aprobación de nuevas reformas por el Parlamento iraquí constituye un firme paso hacia el cumplimiento de las demandas de los manifestantes y la derrota de los planes de los agentes infiltrados para crear inestabilidad en el país árabe y sacar ganancia de la situación.
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El Harakat Hezbolá Al-Nuyaba, un movimiento popular iraquí, ha culpado a los seguidores del Partido Baas —del ejecutado dictador iraquí Sadam Husein— y a Estados Unidos por la reciente ola de violencia en el país árabe.
El Gobierno de Bagdad, a su vez, rechaza el uso de fuerza contra los indignados y llama a los ciudadanos a desconfiar de los responsables de los disturbios, pues, advierte, su objetivo ulterior es provocar un caos generalizado en el país que beneficiará sobre todo a Israel y a Arabia Saudí.
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