Las organizaciones decidieron no presentar a cinco miembros de la comunidad de San Juan a una audiencia judicial y preparan nuevas acciones legales y movilizaciones para exigir el cumplimiento de sentencias internacionales sobre sus territorios.
El conflicto territorial entre comunidades garífunas y el Estado hondureño ha entrado en una nueva etapa. Tras un mes de campamento frente a la Corte Suprema de Justicia, sus organizaciones anuncian nuevas acciones legales y movilizaciones, mientras cinco miembros de la comunidad de San Juan continúan enfrentando un proceso judicial.
El conflicto comenzó tras el desalojo de la comunidad garífuna de San Juan, en el norte de Honduras, el pasado 6 de julio. Desde hace 29 días, representantes de estas comunidades mantienen un campamento frente a la Corte Suprema de Justicia, mientras cinco de sus miembros enfrentan un proceso judicial.
Ante dicho panorama, las organizaciones garífunas decidieron no presentar a los cinco procesados a la audiencia prevista para el 11 de septiembre, pues aseguran haber interpuesto más de 52 recursos jurídicos desde julio sin obtener una resolución.
Las organizaciones anuncian ahora nuevas acciones. Para el 10 de septiembre preparan una denuncia ante el Ministerio Público contra el Estado hondureño por presuntos delitos de lesa humanidad, y convocan a mantener la movilización en defensa de sus territorios.
La disputa territorial también se extiende al debate sobre las ZEDE y la instalación de centros de datos en la costa norte. Las comunidades cuestionan el impacto que estos proyectos podrían tener sobre recursos como el agua, en zonas que ya enfrentan problemas de abastecimiento.
La decisión de trasladar las movilizaciones hacia la Bahía de Tela abre una nueva etapa en la disputa territorial. Las comunidades aseguran que mantendrán sus acciones jurídicas y sociales frente a un Estado al que reclaman garantizar los derechos reconocidos al pueblo garífuna.
Daniel Sierra, Tegucigalpa (Honduras).
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