Las comunidades garífunas denuncian una nueva ofensiva contra sus territorios ancestrales en Honduras. Pese a contar con sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus dirigentes aseguran enfrentar desalojos y procesos judiciales mientras exigen respuestas de las instituciones del Estado.
Comunidades garífunas de Honduras llevan años recurriendo a instancias internacionales para defender sus territorios. Actualmente, cuatro casos cuentan con sentencias de la Corte Interamericana, pero sus pobladores denuncian que el Estado hondureño continúa sin cumplirlas.
El conflicto se agudizó en San Juan tras el desalojo del 6 de julio, cuando cinco integrantes de la comunidad fueron detenidos y posteriormente sometidos a un proceso penal por usurpación agravada.
El Poder Judicial asegura mantener abierto el diálogo y afirma que convocó a representantes garífunas a una reunión. Las comunidades sostienen que el encuentro no se concretó porque la Corte pretendía limitar su representación a una delegación reducida.
La sentencia sobre San Juan volvió al centro de la disputa luego de que autoridades del INA afirmaran que el fallo no permite resolver el conflicto territorial.
Más allá de los procesos judiciales, las comunidades advierten que la disputa de fondo continúa siendo por sus territorios. Denuncian que intereses económicos avanzan sobre zonas ancestrales mientras quienes las defienden enfrentan desalojos y criminalización.
Daniel Sierra, Honduras.
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