El 20 de mayo, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció que iba a solicitar una orden de arresto contra el primer ministro del régimen israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de asuntos militares, Yoav Gallant, bajo cargos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el marco del Estatuto de Roma de la Corte en el contexto de la actual guerra del ente sionista contra Gaza.
Excepto Estados Unidos, el Reino Unido, la República Checa y Austria, muchos países, incluso los aliados europeos de la Casa Blanca, acogieron con beneplácito la petición de Khan de arrestar a Netanyahu.
El sitio web Mako del canal 12 del régimen israelí reveló que, si los jueces del tribunal internacional de La Haya emiten la orden de arresto internacional contra Netanyahu y Gallant, se les prohibirá viajar a 124 países.
Según el informe, Netanyahu y Gallant no podrán viajar a ninguno de los países firmantes del Acuerdo de Roma, entre ellos Alemania, los Países Bajos, Grecia, Francia, Japón, España y la Autoridad Palestina, y mencionó los nombres de los 124 países de diferentes continentes del mundo en esta conexión.
Una vez declarada la decisión de la fiscalía de la CIJ, el jefe de la política exterior de la Unión Europea (UE), Joseph Borrell, subrayó que todos los países miembros del bloque comunitario deben cumplir las sentencias de la Corte.
El canciller alemán, Olaf Schultz, y los Ministerios de Asuntos Exteriores de Francia, Bélgica y Eslovenia anunciaron, mediante declaraciones, su apoyo a emitir órdenes de arresto contra dichas personas.
Las órdenes de arresto se fundamentan en el caso que presentó Sudáfrica en noviembre contra Israel por prácticas genocidas en la Franja de Gaza. Posteriormente, otros países han reforzado la denuncia contra el régimen sionista.
Un panel de jueces del tribunal está considerando la solicitud de órdenes de arresto.
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