La Sala de vacaciones del Tribunal Supremo español ha rechazado este miércoles la adopción de medidas cautelares contra el exmonarca, argumentando que Juan Carlos I no está imputado en ninguna causa, pues no tiene la condición de investigado.
El alto tribunal ha desestimado así las solicitudes presentadas el martes por Òmnium Cultural –una asociación que tiene más de 165 000 socios y 58 años de historia—, para activar la “búsqueda internacional” del rey emérito y para que fuera llamado a declarar inmediatamente tras el polémico anuncio de su huida de España.
El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha denunciado que la justicia española “está de brazos cruzados y permite impunemente que el Borbón se fugue sin rendir cuentas”.
En una carta de apenas tres párrafos, Juan Carlos I dio a conocer el lunes su decisión de abandonar España en medio de las investigaciones que lo señalan como la cabeza de una trama de cobro de comisiones y blanqueo de decenas de millones de euros.
Hasta el momento no se ha revelado el destino del traslado efectuado por Juan Carlos I de Borbón. Varios medios de comunicación especulan con paraderos como Portugal o la República Dominicana, pero ni la Casa Real ni ninguna otra institución española se han pronunciado al respecto.
El exmonarca está envuelto en muchos escándalos y casos de corrupción. Un hilo de acontecimientos que inició en 2011 con el caso Urdangarín y siguió con la cacería de lujo en Botsuana, en plena crisis económica, luego el caso de su amante Corinna Larsen en 2018, así como sus sombrías relaciones financieras con Arabia Saudí le llevaron a despedirse de la vida política. Hasta este 2020, en el que tanto España como Suiza anunciaron investigaciones en su contra y provocaron su huida.
De hecho, la justicia en Suiza y España investiga el origen de 100 millones de dólares que Juan Carlos habría recibido secretamente de Arabia Saudí en una cuenta en Suiza en 2008.
mnz/lvs/hnb/rba
