• El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont (decha.) da la mano a su número dos, Oriol Junqueras, tras la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat 2017, Barcelona, 22 de marzo de 2017.
Publicada: miércoles, 22 de marzo de 2017 16:48
Actualizada: jueves, 23 de marzo de 2017 1:27

El Parlament desoye a los jueces y destina recursos para otro referendo sobre la independencia de Cataluña, en el noreste de España.

Con 72 votos a favor —62 de Junts pel Sí, 9 de la Candidaturas de Unidad Popular (CUP) y uno de Catalunya Sí que es Pot— y nueve votos en contra — de Sí que es Pot, el parlamento regional ha aprobado este miércoles los Presupuestos de la Generalitat para asignar recursos necesarios para organizar el referendo de independencia previsto para este año.

Los diputados del Partido Socialista de Cataluña (PSC), Ciudadanos y el gobernante Partido Popular (PP) no han votado asignar presupuestos para el proceso independentista.

El conjunto de los Presupuestos ha sido aprobado con 64 votos a favor —62 de Junts pel Sí y dos de las CUP—, 62 en contra y siete abstenciones (de las CUP).

La Generalitat ha celebrado la votación, a pesar de que el Consejo de Garantías Estatutarias los considera “inconstitucionales”. Esta instancia española hizo público a principios de este mes de marzo un dictamen en el que censuraba la Ley de Presupuestos de 2017.

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional (TC) español acordó el pasado 14 de diciembre suspender el proyecto de referéndum.

La aprobación de la disposición adicional 31 —que obliga a habilitar las partidas para garantizar los recursos necesarios en materia de organización y gestión para hacer frente al proceso referendario sobre el futuro político de Cataluña— abre la vía de los recursos ante el TC anunciados por Ciudadanos, PSC y el PP.

Igualmente, el Gobierno central se plantea también recurrir, lo que suspendería automáticamente la disposición adicional. La cuestión ahora es si los miembros de la mesa se enfrentan a otra vía judicial por desobedecer al tribunal de garantías.

El Gobierno español y el regional catalán se encuentran prácticamente envueltos en una guerra política, puesto que en octubre de 2016 el parlamento catalán aprobó la celebración de un referéndum secesionista, como muy tarde, en septiembre de 2017, con o sin el aval del Estado.

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