Las cámaras captan el momento en que militares de Europa, Canadá, EE.UU. y Japón, entre otros entran y salen de la embajada del régimen israelí en Washington (capital de Estados Unidos).
Los militares se niegan a revelar el propósito de la conferencia a la que asisten. Sin embargo, un grupo de activistas les reciben con pancartas y muñecas ensangrentadas que representan a los más de 8000 niños asesinados por el régimen infanticida de Tel Aviv.
A pesar de las pausas decretadas entre las partes, lo cierto es que la entidad sionista ha continuado con arrestos y asesinatos de palestinos. Mientras, alrededor de 10 000 gazatíes están sepultados entre los escombros ocasionados por las bombas facilitadas por Washington y aliados, en su colaboración con el ente genocida israelí.
Además, en otro punto de la capital estadounidense —ante la Casa Blanca— se cumple la segunda jornada de huelga de hambre organizada por una docena de legisladores estatales.
Aún con la pausa que se decretó se siguen cometiendo asesinatos, arrestos y atropellos a los derechos humanos. Todo ello con la complicidad de nuestro país y Gobierno de EE.UU., lamenta un activista norteamericano.
10 millones, 20 millones, 30 millones, 50 millones. Son algunas de las cantidades fantásticas que el lobby sionista, a través de AIPAC y otras organizaciones ofrecen a los políticos de turno o a los candidatos estadounidenses —para comprárselos, básicamente— en favor de los intereses sionistas. Intereses que luego vienen a interferir en las políticas internas y exteriores del país, en lugar de definir las necesidades más urgentes de la ciudadanía. Nos dicen que se trata de una conducta repugnante, y sin embargo, legalizada bajo las leyes estadounidenses.
Marcelo Ali Sánchez, Washington.
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