El Tribunal estadounidense comenzó a examinar el miércoles el expediente en el que familiares de víctimas del atentado con bomba de 1983 en Beirut (capital de El Líbano), en el que se involucra a Irán, reclaman una indemnización de unos 1750 millones de dólares de fondos iraníes congelados en el país norteamericano.
Hay indicios de que el tribunal estadounidense está convencido por los argumentos presentados por el Banco Central iraní sobre el caso, pues la audiencia escuchó los argumentos presentados por el banco iraní y los familiares de las víctimas del atentado de Beirut.
El asunto en discusión es si el Congreso se entrometió en la jurisdicción de las cortes federales cuando aprobó una ley en 2012 que permitía a las familias cobrar sus indemnizaciones de fondos del banco central congelados en Estados Unidos.
Varios jueces formularon preguntas sobre si el Congreso trató de dictar ilícitamente el resultado de la disputa. El presidente de la corte, John Roberts, dijo que "nuestra tarea es decidir los casos".
A su vez, el juez Stephen Breyer insinuó que el Congreso y el presidente estadounidense, Barack Obama, que sancionó la ley, tienen amplia autoridad en materia de asuntos exteriores.
Según el abogado estadounidense que representa al Banco Central iraní ante los tribunales de EE.UU., Jeffrey Lamken, el Congreso puede aprobar cambios legales, pero que pretenda dictar el resultado de casos judiciales —como el del banco iraní— es totalmente ilegal.
“El Congreso tiene mucho poder, pero no puede tomar medidas limitadas a un solo caso”, dijo Lamken a la prensa.
A su juicio, si el Tribunal llega a emitir un fallo contra el banco iraní, el mensaje a toda persona que tenga una disputa será "no contrates un abogado, contrata un cabildero".
Con anterioridad, el diario The Hill informó de que la Corte había aceptado el argumento del banco iraní, que determina que el proyecto de ley, planteado como amicus curiae y aprobado a finales de diciembre de 2015 por el Congreso de EE.UU., es una violación flagrante del principio de separación de poderes.
Mediante el proyecto, los legisladores estadounidenses piden a la Corte Suprema que rechace la apelación presentada por el Banco Central iraní por la confiscación de activos persas por valor de 1,75 mil millones de dólares, y emita una orden para indemnizar con la misma cantidad a las “víctimas del atentado con bomba de 1983 en Beirut (capital de El Líbano)” y “el atentado con bomba contra las torres Jobar (Arabia Saudí) de 1996”.
Cabe destacar que Irán ha refutado en reiteradas ocasiones todo vínculo con el atentado de 1983 en Beirut contra una base de las Fuerzas Navales de EE.UU. en El Líbano, suceso en el que perdieron la vida 241 soldados estadounidenses.ba
En 2012, el Congreso estadounidense aprobó una Ley de reducción de amenazas de Irán y derechos humanos de Siria (ITRSHRA, por sus siglas en inglés), mediante la cual logró obtener una orden judicial para confiscar bienes del Banco Central iraní para indemnizar a las víctimas del atentado de Beirut.
No obstante, el banco iraní insiste en que la mencionada ley viola el principio de separación de poderes, por lo que argumenta que el caso abordado por el Poder Judicial estadounidense carece de todo fundamento.
mep/mla/hnb
