En la reunión celebrada en La Habana, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el máximo jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Timoleón Jiménez, alias 'Timochenko', han firmado el acuerdo de justicia transicional y víctimas previo al acuerdo de paz definitivo ante su anfitrión el presidente de Cuba, Raúl Castro.
Este entendimiento comprende la impartición de justicia tras finalizar el conflicto armado colombiano, el cual permitirá a esta nación decir un adiós definitivo a la última y más larga guerra que ha padecido.
Así mismo, Santos ha indicado, como había reiterado en diversas oportunidades, que la última palabra la tienen los colombianos, a través de la refrendación popular, pues serán ellos quienes decidirán si aceptan los contenidos de este acuerdo, que consiste en los siguientes términos:
-Se crearán Jurisdicción Especial para la Paz, que contará con Salas de Justicia y con un Tribunal para la Paz, que estarán conformados en su mayoría por jueces colombianos, pero tendrán "participación minoritaria" de jueces extranjeros "de las más altas calidades".
-Se creará una Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición de esos delitos.
-La función esencial de las Salas y del Tribunal para la Paz es acabar con la impunidad, obtener verdad, contribuir a la reparación de las víctimas y juzgar e imponer sanciones a los responsables de los graves delitos cometidos durante el conflicto armado.
-Al término de las hostilidades, el Estado colombiano otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos. No serán objeto de amnistía delitos de lesa humanidad, genocidios, crímenes de guerra, desplazamiento forzado, desaparición forzada y violencia sexual, entre otros.
-La Jurisdicción tendrá competencia respecto de todos los que, de manera directa o indirecta, hayan participado en el conflicto armado interno, incluyendo a las FARC-EP, a los agentes del Estado, es decir, la Fuerza Pública y sectores sociales, político económico, que hasta ahora habían quedado siempre al margen.
-Los que reconozcan sus delitos se les impondrá una sentencia más indulgente que a los que los nieguen, que enfrentarán un juicio contradictorio ante el tribunal.
-Las sanciones que imponga el Tribunal tendrán como finalidad esencial satisfacer los derechos de las víctimas y consolidar la paz.
-Las sanciones para quienes reconozcan delitos muy graves tendrán un mínimo de duración de cumplimiento de 5 años y un máximo de 8 de restricción efectiva de la libertad, en condiciones especiales.
-Las personas que hagan dicho reconocimiento de manera tardía ante el Tribunal serán sancionadas con pena de prisión de 5 a 8 años, en condiciones ordinarias.
-En el caso de las FARC, la participación en el sistema integral estará sujeta al abandono de las armas, que deberá comenzar a más tardar a los 60 días tras la firma del acuerdo final.
-La transformación de las FARC en un movimiento político legal contará con todo el apoyo del Gobierno en los términos que se acuerden.
Las FARC y el Gobierno colombiano iniciaron un proceso de paz en noviembre de 2012 para poner fin a un conflicto armado que ha dejado, según estimaciones, casi 5 millones de desplazados y al menos 600.000 muertos.
Recientemente, las FARC, para demostrar su apuesta por la paz, anunciaron su participación en el escenario político de Colombia, lo cual fue bien recibido por la sociedad de este país, que lleva más de 50 años sufriendo este conflicto armado.
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