"Frente a la sistemática vulneración del derecho fundamental a la consulta previa y en nuestro absoluto compromiso por contribuir a la paz de Colombia, decidimos suspender el proceso de consulta previa sobre las normas actualmente en discusión (...) hasta tanto se garantice un espacio de diálogo directo", según un comunicado emitido el lunes por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
En este mismo contexto, los indígenas colombianos denunciaron que el Gobierno de Bogotá vulnera el derecho fundamental que ellos tienen en la consulta previa sobre las normas que han de implementarse en el marco del posconflicto con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
De acuerdo con el texto, el Ejecutivo evitó a establecer ante la Mesa Permanente de Concertación (MPC) la totalidad de las normas para ser consultadas y tampoco ha incluido las propuestas encaminadas a salvaguardar y desarrollar los derechos fundamentales de la comunidad indígena de Colombia.
Esta medida del Gobierno, según ONIC, "debilita y pone en riesgo la implementación del acuerdo de paz, firmado el noviembre de 2016 en La Habana, capital de Cuba.
Frente a la sistemática vulneración del derecho fundamental a la consulta previa y en nuestro absoluto compromiso por contribuir a la paz de Colombia, decidimos suspender el proceso de consulta previa sobre las normas actualmente en discusión (...) hasta tanto se garantice un espacio de diálogo directo", según un comunicado emitido por la ONIC.
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— Luis Kankui (@luiskankui) May 23, 2017
Al respecto, los indígenas exigieron el acceso directo a la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final de Paz (CSIVI) para dar seguimiento a las medidas y facilitar la implementación de la reforma rural integral, contemplada en el acuerdo de paz en el tema de tierras.
"En el actual contexto de construcción de una paz estable y duradera, los pueblos indígenas hemos sido, somos y seremos un actor fundamental", aseveraron en el comunicado.
El mismo lunes, las FARC acusaron al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos de "traicionar" el acuerdo de paz y denunciaron que Bogotá "hace trampa a la democratización de la tierra pactada en dicho acuerdo".
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