Acelerar la implementación de los proyectos de inversión es lo que busca el gobierno con el Proyecto de Ley de Permisos Sectoriales. Pero más de 200 organizaciones se unieron para oponerse a él. Hoy, algunos de sus representantes viajaron a Santiago para protestar.
En 2010 comenzó a funcionar en Chile el Servicio de Evaluación Ambiental, que evalúa los proyectos de inversión con informes de distintos servicios del Estado y, en algunos casos, participación ciudadana. En términos simples, el proyecto de ley busca disminuir el rol de los servicios del estado en este proceso.
Las demoras en la tramitación de los proyectos es uno de los problemas que critican los inversionistas, pero la gran mayoría de las suspensiones son por solicitud de las mismas empresas. Por otro lado, la falta de recursos de la institucionalidad ambiental, por ejemplo, para fiscalizar, afecta también a las comunidades.
Aunque las empresas nacionales no se quedan atrás, las transnacionales generan enorme impacto, especialmente en la minería y energía termoeléctrica. En 2023, una fundación internacional reveló que Chile es el país de Sudamérica con más muertes por contaminación ambiental. Las organizaciones aseguran que el proyecto del gobierno solo va a disminuir las exigencias ambientales.
Inversiones y desarrollo que beneficien a las comunidades y al medioambiente, y no lo sigan perjudicando, como hasta el día de hoy, es lo que piden estos dirigentes ambientales.
Beatriz Michell, Santiago de Chile
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