• Fachada del Banco Central de Bolivia.
Publicada: jueves, 18 de febrero de 2021 11:13

Bolivia devolvió al FMI un crédito de 346 millones de dólares alegando que es “oneroso” y “desventajoso” que ha generado costos económicos millonarios al Estado.

Bolivia devolvió al Fondo Monetario Internacional (FMI) un millonario crédito contraído en 2020 por el gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, que llegó al poder en este país en noviembre de 2019, tras el golpe de Estado en contra el entonces presidente Evo Morales, informó el miércoles el Banco Central de Bolivia (BCB), en un comunicado.

El gobierno de facto de Áñez alegaba tal ayuda internacional para luchar contra el nuevo coronavirus, causante de la COVID-19. No obstante, según las declaraciones del actual presidente de Bolivia, Luis Arce, entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, las medidas de Áñez ha aumentado la deuda interna y externa de Bolivia a más 4200 millones de dólares.

El Banco Central comunica a la opinión pública que en defensa de la soberanía económica del país y el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE), realizó la devolución de 346,7 millones de dólares estadounidenses al FMI, equivalente a 240,1 millones de Derechos Especiales de Giros (DEG), mismo que fue gestionado irregularmente por el gobierno de facto”, indica el BCB en el texto.

La entidad bancaria boliviana también aseguró que hizo un análisis del crédito financiero y que determinó que el FMI condicionó su ayuda al régimen de Áñez “a una serie de imposiciones fiscales, financieras, cambiarias y monetarias”, sin dar más detalles.

 

También notificó el desarrollo de acciones civiles y penales contra funcionarios gubernamentales que fueron responsables de gestionar la ayuda financiera del FMI que causó un daño económico al país.

Tras acordar el crédito en abril de 2020, el gobierno de entonces remitió al Parlamento una ley para su aprobación, pero el Congreso, controlado por el partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), lo rechazó.

En su momento, la comisión parlamentaria argumentó que el Ejecutivo de Áñez no adjuntó toda la documentación necesaria sobre el contrato de crédito, las condiciones de financiamiento, las garantías y si el Estado estaba en la capacidad de endeudamiento y de pago.

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