La ministra australiana de Exteriores, Marise Payne, anunció el martes la decisión de Canberra luego de que la Misión de Investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para Myanmar publicara un informe en el que acusó a los militares birmanos de dirigir una campaña sistemática contra los Rohingya que incluía violaciones masivas y desapariciones forzadas.
El informe recomendó que los principales militares del Ejército de Myanmar (Tatmadaw) sean investigados y procesados por cometer crímenes de lesa humanidad y el genocidio.
“Ahora, Australia ha impuesto sanciones financieras específicas y prohibiciones de viaje contra cinco oficiales militares de Myanmar, responsables de violaciones de derechos humanos cometidas por unidades bajo su mando”, señaló la canciller australiana.
Dicha medida se ha adoptado en una situación que el país oceánico ha asignado casi 400 000 de dólares para adiestrar a los militares de Myanmar en su último presupuesto.
La encargada de respuesta a las crisis de Amnistía Internacional Australia, Diana Sayed, que anteriormente cuestionó esta ayuda militar por poner a Canberra “fuera de sintonía con el resto del mundo”, acogió la decisión de Australia de recurrir al régimen de sanciones contra los militares birmanos.
Ahora, Australia ha impuesto sanciones financieras específicas y prohibiciones de viaje contra cinco oficiales militares de Myanmar, responsables de violaciones de derechos humanos cometidas por unidades bajo su mando”, señaló Marise Payne, la ministra de Exteriores de Australia.
La abogada de derechos humanos pidió al Gobierno que retire el apoyo financiero que brinda al Tatmadaw y considere la posibilidad de ampliar las sanciones a varias otras personas que han estado implicadas en los abusos cometidos en contra de la comunidad Rohingya.
“No podemos anunciar sanciones y, al mismo tiempo, estar comprometidos con los militares birmanos a través de nuestro Departamento de Defensa”, dijo Sayed a los medios locales.
Más de 900 000 los Rohingya han huido a Bangladés desde agosto de 2017, cuando el Ejército birmano intensificó sus ataques a esa población y quemó cientos de viviendas y aldeas enteras de musulmanes en Rajine (oeste). Las Naciones Unidas consideran el trato que Myanmar brinda a los Rohingya “limpieza étnica”.
Cada vez hay más pruebas de que ha habido un genocidio sistemático. El último antecedente lo ha publicado recientemente la ONG Fortify Rights en un vídeo tomado por un teléfono móvil que muestra cómo un militar birmano anunciando el inicio de una campaña dirigida contra la minoría musulmana en Rajine incita a los residentes a atacar a los Rohingya.
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