El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, ordenó el lunes a la Aduana liberar toda la carga y la mercancía del avión, un Boeing 747-300, cargada de piezas para compañías del sector automotriz, y propiedad de la empresa Emtrasur, subsidiaria de la aerolínea venezolana Conviasa, que se encuentra en la lista de sanciones de Estados Unidos.
El avión cubría la ruta Ezeiza (Argentina)-Montevideo-Caracas, pero, en medio del recorrido se presentó la necesidad de una escala técnica de abastecimiento, por lo que tuvo que regresar al territorio argentino después de que Uruguay le revocara el permiso de sobrevuelo.
Las petroleras argentinas, a su vez, no cargaron combustible al avión, argumentando que la aeronave pertenecía anteriormente a la empresa iraní Mahan Air, sancionada también por EE.UU. desde 2011.
Unos días después, un juez ordenó retener los pasaportes e impedir la salida del país de los miembros de la tripulación —cinco iraníes y 14 venezolanos— en el marco de una causa sin base por posibles vínculos con el terrorismo internacional.
El presidente argentino, Alberto Fernández, rechazó a mediados de junio la acusación que vinculaba a los tripulantes con el “terrorismo”, aseguró que no existía “ninguna irregularidad” en relación con el avión y acusó a la oposición de manipular el caso para presionar a su gobierno.
Pese a no detectarse irregularidades, el avión permanece inmovilizado en el suelo argentino y el juez aún no ha tomado ninguna decisión sobre el destino de la aeronave, ni de los miembros de la tripulación.
La polémica decisión de la Justicia argentina provocó la ira del país persa que, a su vez, convocó el pasado 20 de julio al encargado de negocios interino de la embajada argentina en Teherán, para trasmitirle su protesta por la imposición de restricciones a la salida de los tripulantes iraníes.
La Cancillería iraní tachó de “sin fundamento” la acusación contra los tripulantes iraníes de la aeronave, y denunció que restringir su salida de Argentina es una flagrante violación de los derechos humanos, al tiempo que exigió a Buenos Aires que elimine dichas limitaciones lo más pronto posible.
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