El pasado 21 de enero, la llamada coalición liderada por Arabia Saudí llevó a cabo un ataque aéreo contra un centro de detención provisional en la provincia de Saada (noroeste de Yemen) en los que murieron al menos 91 personas y otras 236 quedaron heridas.
En declaraciones ofrecidas el viernes, el portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), Rupert Colville, informó que el personal de su oficina en Yemen estuvo en Saada como parte de una “misión interagencial”, y la información recopilada “pinta una imagen caótica y desesperada” tras el bombardeo saudí.
“Pedimos una investigación transparente, independiente e imparcial para garantizar la rendición de cuentas por cualquier violación del derecho internacional humanitario e identificar las medidas y procedimientos necesarios para prevenir este tipo de incidentes en el futuro”, destacó Colville.
Amid 🇾🇪#Yemen’s escalating conflict, which saw deadly airstrikes by the Saudi-led coalition on 21 January, we call for a transparent, independent and impartial investigation to ensure accountability for any breaches of international humanitarian law.https://t.co/pt3cg0urY5 pic.twitter.com/ZNtCEqXY8A
— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 28, 2022
De acuerdo con Colville, su equipo enviado a la bombardeada prisión reportó que “en el lugar no había nada que indicase que pudiera haber sido utilizado con fines militares”. “Y a la luz de esto, le hemos pedido a la coalición [saudí] que comparta su información con nosotros al respecto”, enfatizó.
El vocero de la ONU puso de relieve que, en 2021, el organismo registró poco menos de 600 ataques aéreos al mes por parte de la coalición agresora en todo Yemen.
Después del horrendo ataque saudí contra la cárcel yemení, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, condenó la agresión y urgió la realización de “investigaciones rápidas, efectivas y transparentes” del ataque “para asegurar que se depuren responsabilidades”.
No obstante, según los expertos y los especialistas del tema, tales denuncias de la ONU solo se limitan a “condenas verbales” y, en ningún caso, resultan en soluciones prácticas para salvar a los civiles yemeníes que están bajo el fuego y asedio de la coalición saudí-estadounidense desde 2015.
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