"La Sala Plena del TSJ admitió en cuanto ha lugar en derecho la solicitud de antejuicio de mérito" interpuesta por el diputado Pedro Carreño "por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo", según ha informado este martes el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en su cuenta de Twitter.
El TSJ precisa que esta decisión fue adoptada conforme a lo establecido en el artículo 279 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo tipificado en los numerales 4, 5, 8 y 9 del artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano, y 23 numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Asimismo, la Sala Plena del TSJ, presidida por el magistrado Maikel Moreno, ha acordado convocar a una audiencia pública, así como notificar a Luisa Ortega, Pedro Carreño y los integrantes del Consejo Moral Republicano para que comparezcan ante la Sala Plena del Alto Juzgado y expongan lo que consideren pertinente.
Carreño, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), interpuso el pasado jueves un recurso contra la fiscal general argumentando que "mintió", cuando aseguró que no había respaldado la selección de 33 magistrados del TSJ –acusado por la oposición de estar bajo el control del Gobierno– que fueron designados en diciembre de 2015 por la entonces mayoría parlamentaria chavista.
La Sala Plena del TSJ admitió en cuanto ha lugar en derecho la solicitud de antejuicio de mérito" interpuesta por el diputado Pedro Carreño "por la presunta comisión de faltas graves en el ejercicio de su cargo", informa el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.
Según la ley, el TSJ puede declarar en Sala Plena si existe o no mérito para enjuiciar a altos funcionarios como la fiscal. El enjuiciamiento puede llevar a la remoción, que en el caso de la fiscal corresponde a la Asamblea Nacional (AN).
Ortega, una acérrima chavista, comenzó a distanciarse del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a finales de marzo, cuando denunció que la decisión del TSJ de asumir las funciones del Legislativo —de mayoría opositora— era una "ruptura del orden constitucional".
La brecha se acentuó en mayo, después de que la fiscal general pidiera la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), al considerar que no es potestad del Ejecutivo convocar ese proceso sin previa consulta en referendo.
La fiscal, ahora considerada “traidora” por el oficialismo, llamó a los venezolanos a oponerse al proceso de la ANC porque, a su juicio, violenta la democracia, la “progresividad” de los derechos humanos, el derecho al sufragio y la soberanía constitucional.
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