• El diputado oficialista de Venezuela Pedro Carreño habla con los periodistas a su salida del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), 16 de junio de 2017.
Publicada: sábado, 17 de junio de 2017 9:32
Actualizada: sábado, 17 de junio de 2017 10:28

Un diputado oficialista solicita una evaluación para enjuiciar a la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, quien ha intentado frenar la Constituyente.

"Esta señora dejó de ser la fiscal general de la República y se constituyó en una activista política de la derecha (...) lo digo con sinceridad", dijo el viernes el diputado Pedro Carreño, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

El parlamentario solicitó al TSJ la calificación de ‘falta grave’, un procedimiento con el que busca la remoción de la fiscal. Carreño sostuvo que pidió, además, una medida cautelar para congelar los bienes de la funcionaria y la prohibición de salir del país.

“Introduzco este escrito ante el TJS para que la Sala Plena inicie el proceso que establecen las leyes, califique la falta grave y declare si hay mérito para enjuiciar a la fiscal”, señaló a periodistas Carreño, al acusar a Ortega de “mentir”.

Según el diputado oficialista, la titular del Ministerio Público faltó a la verdad al asegurar que no había respaldado la preselección de 33 magistrados del TSJ —acusado por la oposición de estar bajo el control del Gobierno— en diciembre de 2015.

Esta señora dejó de ser la fiscal general de la República y se constituyó en una activista política de la derecha (...) lo digo con sinceridad", dijo el viernes el diputado Pedro Carreño, del Partido Socialista Unido de Venezuela.

Como parte del proceso de designación de jueces a cargo del Legislativo, Ortega debía validar las candidaturas en el Consejo Moral Republicano, que integra junto con la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

“Ella mintió al país. Serán consideradas como faltas graves del fiscal atentar, amenazar o lesionar la ética pública o la moral administrativa”, señaló Carreño, al mostrar un documento que, según él, prueba la irregularidad.

Ortega, una acérrima chavista, comenzó a distanciarse del Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a finales de marzo, cuando denunció que la decisión del TSJ de asumir las funciones del Legislativo —de mayoría opositora— era una "ruptura del orden constitucional".

La brecha se acentuó en mayo, después de que la fiscal general pidiera la nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), al considerar que no es potestad del Ejecutivo convocar ese proceso sin previa consulta en referendo. 

La fiscal, ahora considerada “traidora” por el oficialismo, llamó a los venezolanos a oponerse al proceso de la ANC porque, a su juicio, violenta la democracia, la “progresividad” de los derechos humanos, el derecho al sufragio y la soberanía constitucional.

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