El lunes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos acusó a El Aissami y a Samark López Bello de participar en movimientos de narcotráfico, y aplicó a ambos una serie de sanciones que incluyen anulación de visado, confiscación de sus propiedades en Estados Unidos y prohibición para realizar transacciones financieras o comerciales con instituciones del país norteamericano.
El Aissami, en el cargo de vicepresidente de Venezuela desde comienzos de año, respondió a la medida estadounidense a través de su cuenta en Twitter. Afirmó que ante la “infamia y agresión imperialista su moral está intacta", para después señalar que está enfocado en las prioridades del Gobierno venezolano, "acompañando a Nicolás Maduro (presidente de Venezuela) en la recuperación económica".
Respecto a la acusación que pesa sobre López Bello, un rico empresario venezolano sindicado como socio de El Aissami en los actos delictivos, el vicepresidente refutó los señalamientos y dijo que se trata de un "hombre de negocios legítimo que ha tratado de impulsar el crecimiento y desarrollo de Venezuela", por ende "buscará todos los recursos legales, administrativos y judiciales posibles" en su defensa.
Las medidas del Departamento del Tesoro de EE.UU. sobre El Aissami habían sido anunciadas horas antes por el opositor gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, hecho que pone de relieve los vínculos cercanos entre la oposición venezolana y el Gobierno estadounidense.
Esta es la primera medida antivenezolana de la nueva Administración estadounidense presidida por Donald Trump, que ya se había pronunciado a favor de un cambio de gobierno en Venezuela.
Entre tanto, el Gobierno venezolano acusa a Washington de realizar una campaña de desestabilización mediante agresiones mediáticas, complots financieros y económicos en apoyo de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en contra de Maduro.
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