El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, había solicitado dicha excepción argumentando que la Asamblea Nacional (AN), dominada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), se encuentra en "desacato". El mandatario considera nulas todas sus actuaciones hasta que la Cámara no aparte a tres diputados opositores a los que acusa de comprar votos.
La resolución del TSJ establece que el presidente venezolano deberá presentar el Presupuesto a la Sala Constitucional en un plazo de cinco días, "bajo la forma de decreto que tendrá rango y fuerza de ley". La Asamblea Nacional, por tanto, "no podrá alterar en ningún momento las partidas presupuestarias ni pretender obstruir ni incidir en la integridad de las disposiciones establecidas", añade la sentencia de la Corte, publicada ayer martes.
El máximo órgano judicial de Venezuela explica en ella que existe una "imperiosa necesidad de cumplir una fase del proceso de formación jurídica del Presupuesto Nacional". En este sentido, apunta que es necesario "mantener el funcionamiento del Estado, la garantía de los derechos fundamentales y el orden constitucional".
Finalmente, la sentencia dispone que el Decreto de Presupuesto Nacional esté sujeto al control de la Sala Constitucional del TSJ, conforme a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del artículo 336 de la Constitución venezolana.
Con el 2017 muy cerca, ha llegado la hora para una ley clave, la del Presupuesto Nacional. Y el Gobierno venezolano, ante el Estado de excepción y emergencia económica que rige en el país, quiere que se debata en asambleas populares.
En esta línea, el Poder Ejecutivo de Venezuela ha empezado hoy miércoles a debatir el proyecto de presupuestos del próximo año en asambleas populares y no en el Parlamento, tras asegurarse de que la AN, controlada por la oposición, no aceptará un Presupuesto que siga privilegiando la inversión social a pesar de la baja de los precios del petróleo, el principal ingreso de Venezuela.
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