• El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y la primera dama Rosario Murillo encabezan un acto oficial en Managua.
Publicada: jueves, 12 de octubre de 2017 1:22

La mayoría de nicaragüenses respalda la posición gubernamental de exigir una indemnización a EE.UU. tras la aprobación de la ley ‘Nica Act’.

Según un sondeo presentado este miércoles por la agencia de inteligencia de mercado M&R Consultores, hasta un 82,5 % de los encuestados ha apoyado la iniciativa gubernamental de iniciar un proceso legal para exigir el pago de una indemnización a Estados Unidos por impulsar la iniciativa de esta ley.

De acuerdo con la encuesta, también el 77,6 % de los nicaragüenses ha mostrado su desacuerdo con los congresistas de Estados Unidos que impulsaron la iniciativa de Nica Act (siglas inglesas de la Ley de Condicionalidad para la Inversión en Nicaragua)

Según el estudio, titulado “Relaciones Internacionales de Nicaragua desde las perspectivas de los nicaragüenses”, esta cifra supone un aumento de casi 20 puntos porcentuales respecto al 58,5 % de los ciudadanos que defendieron esta opinión el pasado mes de abril.

Además, un 82,3 % ha considerado que la Nica Act perjudicaba la democracia de Nicaragua, frente a un 9,6 % que señaló que la beneficiaba. También el 74,7 % de los ciudadanos se posiciona en contra de que otros países extranjeros interfirieran en los asuntos de Nicaragua.

Resultados de un sondeo de la agencia de inteligencia de mercado M&R Consultore sobre la iniciativa de ley ‘Nica Act’ impulsada por el Congreso de EE.UU.

 

El sondeo realizado entre el 28 de septiembre y el 8 de octubre muestra que casi 9 de cada diez nicaragüenses, el 89,8 %, manifestaron tener muy claro que la puesta en marcha de esta iniciativa perjudicaría tanto al Gobierno como a los ciudadanos, frente a un 2,9 % que pensaba que sólo afectaría al Ejecutivo liderado por el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

A principios de octubre, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó de manera unánime la ley Nica Act, que impulsa sanciones contra el Gobierno del presidente Ortega, por supuestas “violaciones a derechos humanos y retroceso de la democracia en Nicaragua”.

Nica Act busca que las instituciones financieras que tienen relaciones con EE.UU. frenen los préstamos a Nicaragua hasta que este país celebre elecciones.

Las autoridades nicaragüenses consideran esta iniciativa de Ley como una postura retrógrada, injerencista e irrespetuosa de Washington así como una “violación a la soberanía” de Nicaragua que perjudica los procesos políticos, sociales, culturales, y económicos, que en el país centroamericano se desarrollan, para mejorar la vida de todos.

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