A través de la demanda, recogida el lunes por el diario local El Universal, el Gobierno de México ha acusado a empresas estadounidenses fabricantes de armas de facilitar de manera indirecta la delincuencia organizada en su territorio nacional.
En este contexto, ha indicado que al menos ocho compañías estadounidenses saben que sus armas llegan ilícitamente a México, pero no hacen nada para impedirlo.
“Al diseñar, distribuir, vender y comercializar productos altamente peligrosos, los acusados asumieron el deber de garantizar que sus armas se vendan de manera legal y cuidadosa, en su totalidad, en cumplimiento de las leyes aplicables y no eludir esas leyes a través de sus prácticas comerciales”, detalla la demanda.
El Gobierno mexicano ha resaltado los fabricantes de armas están obligados a garantizar que sus productos no sean distribuidos de manera imprudente o ilegal en el mercado delictivo mexicano.
Al respecto, el consejero jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alejandro Celorio, en una entrevista con El Universal ha afirmado que este país ha sufrido serios daños directos o indirectos por la negligencia de las armerías.
“Demandamos a las empresas que representan alrededor de 62 % de las armas que se han encontrado en México de procedencia ilícita, entre 70 % y 90 % de las armas en México proceden de Estados Unidos y de ese número, 62 % corresponde a estas armerías”, ha aseverado.
México presentó el pasado 31 de enero una réplica a otros once fabricantes de armas de EE.UU., que habían sido señalados en la demanda civil interpuesta en agosto de 2021, por su comercio negligente que facilitan la ola de violencia que vive el país latinoamericano. El reporte se ha enfocado en las armas que llegan a cárteles mexicanos, incluso, como moneda de cambio para enviar drogas a Estados Unidos.
Se estima que la venta ilegal de armas de fabricantes y distribuidores estadounidenses constituyó uno de los causantes de al menos 17 000 homicidios en el año 2019 en México, donde entre el 70 al 90 % de las armas decomisadas ingresó desde el vecino norteño, lo que supone pérdidas económicas de hasta el 2 % del PIB mexicano.
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