Los soberanistas denunciaron que dicha ley, que cuenta con el apoyo del Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), dará los instrumentos al ejecutivo para abortar el proceso democrático que se ha abierto en Cataluña y que culminará el 27 de septiembre.
Esta ley ha venido para aumentar e incrementar el aparato legislativo del Ejecutivo central para abortar el proceso democrático en Cataluña. Ustedes están lubricando la maquinaria represiva", sostiene Joan Tardá, diputado de la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
"Esta ley ha venido para aumentar e incrementar el aparato legislativo del Ejecutivo central para abortar el proceso democrático en Cataluña. Ustedes están lubricando la maquinaria represiva", dijo Joan Tardá, diputado de la Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Según esta ley que entrará en vigor próximamente, el presidente podrá hacerse con la dirección de medios materiales y personales de otras administraciones y pone en entredicho el “Estado autonómico de Cataluña”.
La Ley de Seguridad Nacional habla de “garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales”, entre ellos la soberanía territorial de este país, algo que según los soberanistas servirá como excusa al Gobierno central para intervenir en Cataluña el 27 de septiembre si es que consiguen la mayoría.
Por su parte, PP y PSOE han tratado de defender a esta ley alegando que no se trata de hacer frente al independentismo y que solamente es una medida para afrontar situaciones de alto riesgo que pongan en peligro a la población.
No obstante, las recientes declaraciones de los funcionarios del Gobierno español y en especial las del 17 de julio del Presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, envian un mensaje claro a los independentistas sobre los esfuerzos del Gobierno para impedir la independencia de Cataluña.
El proyecto independentista catalán ganó ímpetu con una multitudinaria manifestación en Barcelona, en septiembre de 2012, y alcanzó su clímax el pasado 9 de noviembre, cuando una consulta popular informal congregó a 2,3 millones de personas para votar a favor de la independencia.
En meses posteriores, las encuestas de opinión reflejan un ligero descenso en la extensión del independentismo, aunque los catalanes mantienen la convicción de que los habitantes de la región tienen “derecho a decidir” sobre la cuestión, al margen del resto de los españoles.
hgn/ktg/mrk
