• Mas, Ortega, Rigau y Homs, llegando al Tribunal de Cuentas en una imagen de archivo.
Publicada: lunes, 12 de noviembre de 2018 18:19

El Tribunal de Cuentas español condena al expresidente de la Generalitat catalana Artur Mas y a tres exconsejeros suyos a pagar 4,9 millones de euros.

A Mas le reclamaba la Fiscalía esa cantidad por responsabilidad contable por utilizar fondos públicos para organizar la consulta independentista del 9 de noviembre de 2009, que había sido suspendida por el Tribunal Constitucional, han informado este lunes desde el tribunal.

A pesar de que el 80 % de los aproximadamente 2,2 millones de votantes expresaron su voluntad de independencia en la consulta, el Gobierno central se opuso a respetar el voto de los catalanes.

El tribunal encargado de supervisar el gasto de fondos públicos también ha establecido la responsabilidad patrimonial de la exvicepresidenta autonómica Joana Ortega y de los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs, entre otros funcionarios. Los condenados tienen intención de recurrir el dictamen ante el propio tribunal.

La cantidad total que se debe reintegrar, según el Tribunal de Cuentas, es de 4,9 millones de euros, a pagar de manera solidaria entre todos los responsables.

No aceptamos en ningún caso la sentencia y reiteramos que de ninguna manera se ha producido ningún gasto irregular que comporte una responsabilidad contable que justifique la pena impuesta”, dicen los condenados en un comunicado.

 

En total hay 10 condenados, aunque el único que debe asumir el pago total de la condena es Mas, por ser el máximo responsable del gobierno regional en el momento de los hechos.

Los cuatro condenados han recalcado mediante un comunicado que la sentencia es una aberración jurídica que vulnera la propia jurisprudencia del tribunal.

“No aceptamos en ningún caso la sentencia y reiteramos que de ninguna manera se ha producido ningún gasto irregular que comporte una responsabilidad contable que justifique la pena impuesta”, subrayan en el texto. 

Desde el primer momento, los condenados han reiterado que la Generalitat ha dejado claro que no se siente perjudicada económicamente y que los gastos del 9-N fueron legales.

El ataque judicial a los independentistas es una táctica rutinaria de Madrid. Más recientemente, el 2 de noviembre, la Fiscalía del Tribunal Supremo español acusó de rebelión y malversación a dirigentes independentistas, para los que solicita penas de hasta 25 años de cárcel. 

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