En su comparecencia ante el Congreso de Diputados de España, la tarde de este miércoles (hora local), el presidente del Gobierno español se ha negado a aceptar cualquier mediación para el conflicto entre el Gobierno de Madrid y la Generalitat (gobierno regional de Cataluña) como lo propuso el Govern.
“No hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia”, ha enfatizado Rajoy, también líder del Partido Popular (PP), que horas antes había enviado un requerimiento al presidente catalán, Carles Puigdemont, para que aclare si el martes declaró o no la independencia de Cataluña, como paso previo para activar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña.
En su nota, el Gobierno central de España ha dado un primer plazo de entre el lunes 16 al jueves 19 de la próxima semana para que Puigdemont dé una respuesta clara e inequívoca de su posición al respecto.
El primer plazo para contestar expira el lunes a las 10.00 de la mañana. Y una vez conteste, tendrá otros tres días (hasta el jueves 19 a las 10.00) para rectificar (y confirmar en su caso) que vuelve a la ley. Si no cumple, el día 20, el Consejo de Ministros tomaría la siguiente medida: enviar el requerimiento al Senado, reportan medios locales.
Rajoy ha señalado que el requerimiento enviado a Puigdemont, “al amparo del artículo 155, pretende ofrecer a los ciudadanos la claridad y seguridad que requiere una cuestión de tanta importancia. La respuesta marcará el futuro de los acontecimientos en los próximos días. En su mano está volver a la legalidad. Deseo fervientemente que acierte en su respuesta”.
No hay mediación posible entre la ley democrática y la desobediencia”, ha declarado el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy
Puigdemont, a su vez, en declaraciones a la cadena estadounidense CNN, ha asegurado este miércoles que está listo a entablar un diálogo “sin condiciones previas” con el Ejecutivo español.
El presidente de la Generalitat ha criticado en reiteradas ocasiones la falta de voluntad de diálogo de Madrid y denunciado que hasta el momento no había recibido ningún pronunciamiento del Estado a las opciones de mediación presentadas desde la Generalitat. Y en respuesta, La Moncloa ha rechazado tajantemente la propuesta, dejando claro que no va a “negociar ninguna ilegalidad”.
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