En declaraciones a la prensa en el Congreso, Iglesias dijo el miércoles que había llamado “personalmente” al presidente del Gobierno y al de Generalitat, Mariano Rajoy y Carles Puigdemont, respectivamente, para pedirles que se sienten a negociar y buscar un mediador o un equipo de mediadores para solucionar la crisis en Cataluña tras el polémico referéndum independentista celebrado el pasado domingo.
“Queremos pedirles a los dos que se pongan de acuerdo en una mediación, que se sienten en una mesa para discutir de una persona o un equipo que puedan mediar para iniciar un diálogo político que por desgracia se ha roto”, sostuvo.
Iglesias también precisó que su grupo ha hablado con “otros actores” y que ya “existen ya contactos” para la posible formación del equipo negociador. Estas personas serían “de la confianza” de Rajoy y Puigdemont, añadió sin mencionar sus nombres.
Queremos pedirles a los dos que se pongan de acuerdo en una mediación, que se sienten en una mesa para discutir de una persona o un equipo que puedan mediar para iniciar un diálogo político que por desgracia se ha roto”, dijo el líder de la formación española Podemos, Pablo Iglesias.
Para el líder del partido morado la situación en la que ha derivado el conflicto catalán es “preocupante”, por tanto, es necesario resolver la crisis catalana mediante el diálogo, la convivencia y la paz.
Iglesias afirmó que la conversación con Rajoy fue “cordial” y que este se ha dado por enterado, aunque no le ha convocado a La Moncloa como a los líderes de otros partidos para abordar la situación.
Sin embargo, fuentes del Gobierno español precisaron que Rajoy ha rechazado la propuesta y no hablará con quien ha planteado un “chantaje tan brutal al Estado”, en alusión a Puigdemont y al que ha instado a renunciar a la declaración de independencia por considerar “innegociable” este asunto.
El miércoles, Puigdemont criticó la falta de voluntad de diálogo de Madrid y denunció que hasta el momento no había recibido ningún pronunciamiento del Estado a las opciones de mediación presentadas desde la Generalitat. En respuesta, la Moncloa rechazó tajantemente la idea y dejó claro que no va a “negociar ninguna ilegalidad”.
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