La comisión ha sido pactada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Ciudadanos y Podemos luego de que el partido naranja fracasara en convencer a los 'populares' para registrarla conjuntamente, pese a que era una de las condiciones que el PP firmó en agosto para negociar la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.
Su cometido será identificar las posibles “responsabilidades políticas por la presunta financiación ilegal del PP” y, en concreto, “la existencia de diferentes redes de donaciones irregulares, adjudicaciones de contratos públicos y otros mecanismos de financiación irregular”.
Toca defender la democracia frente a la corrupción y los corruptos. Hay gente robando dinero público para llevárselo crudo", ha denunciado Carolina Bescansa, de Podemos.
Tras aprobarse el texto en el Congreso por unanimidad, el compromiso de los tres partidos que lo habían impulsado es crear la comisión “antes del verano (boreal)”, si bien en principio no habrá comparecencias al menos hasta septiembre.
En el debate previo a la votación ha habido numerosos reproches al PP por sus casos de corrupción, explayándose varios diputados en la tribuna sobre los distintos escándalos.
"Ustedes están sepultados sobre la sombra de Bárcenas. Sus imputaciones abarcan medio Código Penal y se han dedicado a impedir que jueces y Parlamento averigüen la verdad. Esta Cámara les exigirá responsabilidades políticas por adulterar resultados electorales y por maquinar una financiación b", ha asegurado el diputado socialista Artemi Rallo.
"Toca defender la democracia frente a la corrupción y los corruptos. Hay gente robando dinero público para llevárselo crudo", ha denunciado a su vez Carolina Bescansa, de Podemos.
Por parte de Ciudadanos, su portavoz, Juan Carlos Girauta, ha recordado que la comisión fue una de sus seis exigencias previas al PP para sentarse a negociar la investidura, y ha preguntado: “si estamos llegando a acuerdos en muchos asuntos, ¿qué sucede cuando llegamos al capítulo de la corrupción?”.
Cabe recordar que el día 8 del presente mes, un juez aseguró tener pruebas de financiación ilegal por parte del PP. En octubre, la Justicia española comenzó a juzgar a 37 personas, entre ellas dos antiguos tesoreros del partido, acusados de importantes malversaciones de fondos públicos al amañar contratos valorados en decenas de millones de euros a cambio de comisiones ilegales entre 1999 y 2005.
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