El secesionismo que sustenta al Gobierno de la Generalitat de Carles Puigdemont presentó el lunes la propuesta de modificación del reglamento del Parlament de Cataluña que permitirá votar la llamada ley de transitoriedad jurídica, que instauraría una república catalana.
Esta reforma propuesta por dos partidos independentistas de Cataluña, Junts pel Sí ("Juntos por el Sí") y las Candidaturas de Unidad Popular (CUP), si se aprueba, permitirá hacer una tramitación exprés de las leyes de "desconexión" del Estado e iniciar, por la vía de urgencia y sin pasar los trámites reglamentarios, el camino de no retorno hacia el referéndum y la independencia.
Con la modificación del procedimiento, la ley de desconexión la presentarán dos grupos y no un departamento de la Generalitat. También se evitará que se publiquen textos en el Boletín Oficial del Parlament de Cataluña para eludir la suspensión del Tribunal Constitucional (TC). Y junto a todo eso, se esquivará el debate parlamentario.
Este martes, la Mesa del Parlamento catalán ha hecho una admisión a trámite "condicionada" de la propuesta, con los votos a favor de este grupo independentista, mientras que Ciudadanos, el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y Catalunya Sí Que Es Pot han votado en contra de la tramitación y se han quejado de las "argucias" del grupo mayoritario.
Con esta admisión a trámite condicionada, las formaciones secesionistas deberán presentar en una semana un escrito aclaratorio que incluya la creación de esta ponencia conjunta para emprender esa reforma.
España ha llevado a juicio a políticos catalanes, entre ellos, el expresidente de la Generalitat, Artur Mas por organizar el referéndum simbólico de 2014 en el que un 80,76 por ciento votó a favor de la independencia de Cataluña. Aun cuando pocos días antes el TC español suspendió la realización de dicho proceso.
Además, el Gobierno español y la regional catalana se encuentran prácticamente envueltos en una guerra política, puesto que en octubre de 2016 el Parlamento catalán aprobó la celebración del referéndum cesionista como muy tarde, en septiembre de 2017, con o sin el aval del Estado. Su medida fue anulada por el Tribunal Constitucional de España, aunque los independentistas siguen firmes en su postura.
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