"El diálogo (con la Generalitat de Cataluña) siempre ha existido, y es lógico que así sea, y vamos a seguir manteniéndolo (...) Por nuestra parte el diálogo no tiene fecha de caducidad", ha afirmado este miércoles el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el también ministro de Educación ha insistido en que, para el Gabinete central, la denominada Operación Diálogo, que encabeza la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, no se ha terminado: "La única operación en la que estamos es la Operación Diálogo".
El diálogo (con la Generalitat de Cataluña) siempre ha existido, y es lógico que así sea, y vamos a seguir manteniéndolo (...) Por nuestra parte el diálogo no tiene fecha de caducidad", ha afirmado el portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo.
El vocero de Madrid ha emitido estas declaraciones poco después de que el diario español La Vanguardia revelara que el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, se reunió en el pasado mes de enero en secreto con el presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont.
No obstante, Méndez de Vigo ha dejado claro que no va a dialogar con la Generalitat sobre un referéndum soberanista que Puigdemont insiste celebrar, porque, afirma, es ilegal y va contra la Constitución.
De ese modo, ha destacado que el Gobierno de Rajoy mantiene la mano tendida hacia los representantes de la sociedad catalana con el fin de conversar y encontrar una vía para resolver los problemas cotidianos de los ciudadanos "siempre dentro de la ley".
Por otra parte, Méndez de Vigo ha argumentado que cuanto menos ruido y menos presión mediática haya, mejor podrán realizarse los diálogos. A su juicio, es "también bueno" para las partes que "se hable sin presión mediática y sin tener que salir luego a contar qué ha pasado", pues ello puede ayudar a tejer "confianza" en la relación y restaurar "credibilidad".
El Gobierno español y el regional catalán se encuentran prácticamente envueltos en una guerra política, puesto que en octubre de 2016 el Parlamento catalán aprobó la celebración del referéndum cesionista como muy tarde, en septiembre de 2017, con o sin el aval del Estado. Su medida fue anulada por el Tribunal Constitucional de España, aunque los independentistas siguen firmes en su postura.
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