La desaceleración económica global ha pasado factura y así quedará reflejado en el nuevo macroeconómico que el Ejecutivo tiene que presentar el próximo martes, según informa el periódico El País.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, lo anunció el sábado en el marco de las reuniones del G-20 y del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha aprovechado para acabar de negociar con las autoridades europeas un plazo mayor para reducir el déficit público a cambio de ajustes en las autonomías.
Por primera vez desde 2013, también el FMI ha enfriado sus expectativas sobre la cuarta economía de la zona euro. Las previsiones del Gobierno se encuentran ahora en la misma línea que las del organismo que dirige Christine Lagarde (calcula un avance de 2,6 % para 2016 y del 2,3 % para 2017, tan solo una décima menos). También coinciden la media de consenso de los expertos en España, que esperan un 2,7 % y un 2,3 %.
"Creemos que es realista", dijo Guindos, y añadió que la desaceleración es menos intensa que en los países del entorno.
El Gobierno de Mariano Rajoy, al estar en funciones, no puede tomar medidas políticas, pero sí tiene que presentar antes de que acabe abril un programa de estabilidad y crecimiento en el que se hagan proyecciones económicas y se establezca una senda de reducción de déficit.
#FMI insta a #España a realizar ajuste ‘considerable’ para controlar su déficit https://t.co/SmbfRBkzPa pic.twitter.com/O09vvFp4ps
— HispanTV (@Hispantv) April 14, 2016
El futuro Gobierno tendrá un ajuste extra que realizar por el desvío de los objetivos presupuestarios de 2015, que acabó con un desfase del 5 %, cuando el objetivo era del 4,2 %.
Por su parte, el FMI ya había advertido en sus previsiones de que España incumpliría con los objetivos de déficit que se habían fijado para 2015, pero la realidad ha resultado incluso peor, así que ahora calcula que el desequilibrio presupuestario para este año rondará el 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) si no se toman medidas extraordinarias. Para el Fondo, España necesita ahora un ajuste adicional equivalente al 0,25 % del PIB.
Tras la desviación del déficit de 2015, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intervino los gastos de Aragón y Extremadura y envió 12 cartas solicitando a las autonomías que congelaran el gasto. Pero las negociaciones con estas administraciones serán difíciles.
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