El Tribunal Supremo del Reino Unido, con una mayoría de 8 a 3 jueces, ha fallado en contra del Gobierno en su intención de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, sin la aprobación del Parlamento. Este artículo inicia formalmente las negociaciones de salida de un Estado miembro de la Unión Europea (UE).
La decisión del Tribunal Supremo supone un contratiempo esperado para el Gobierno, que ya tenía preparado una línea de actuación alternativa. Presentará el documento por la vía rápida ante la Cámara Alta, y ahora lo que queda por verse es si los miembros del Parlamento tendrán la capacidad de poder modificar el texto y adaptarlo a los intereses de todos los británicos.
Sin embargo, desde los sectores del Gobierno y de la sociedad que hicieron campaña por el brexit, esta decisión supone un revés a la voluntad popular expresada el día del referéndum.
El fallo del Tribunal Supremo también ha dictado que el Gobierno no tiene la obligación de consultar el texto con los parlamentos de Gales, Escocia e Irlanda del Norte pero se espera que estos usen otras vías para ejercer su influencia.
La oposición en el Parlamento y en la Cámara de los Lores, tiene ahora la oportunidad de modificar el texto e introducir cláusulas, o incluso pedir un referéndum sobre el texto en sí, siempre y cuando tengan mayoría.
Pese a ello, el ministro que llevará las negociaciones del brexit, David Davies, no considera que el Gobierno retrase la activación del artículo 50, previsto para finales de marzo.
Ian Díez, Londres.
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