De acuerdo con agencias de noticias, se trata de la segunda medida de ese tipo que toma Scott, pues el pasado febrero ya había prohibido inversiones vinculadas con el Ejecutivo venezolano en el estado de su jurisdicción.
Con la nueva medida, las empresas deben optar entre negociar con Venezuela “o buscar inversiones del estado de Florida, no ambas cosas”, refirió Scott en un comunicado.
Pidió también a los otros gobiernos y empresas locales que sigan este ejemplo y no realicen negocios con aquellos que apoyan al presidente venezolano, Nicolás Maduro.
“Esta propuesta está dirigida directamente a Maduro, no a las empresas que proporcionan bienes y servicios muy necesarios al pueblo venezolano”, explicó Scott.
Esta propuesta está dirigida directamente a Maduro, no a las empresas que proporcionan bienes y servicios muy necesarios al pueblo venezolano”, indicó el gobernador del estado de Florida, Rick Scott.
Los detalles de la iniciativa legislativa se conocerán en las próximas semanas, indicó la oficina del gobernador. El proyecto de ley se establecería en el próximo periodo legislativo, que inicia en enero de 2018.
La medida coercitiva se inscribe en la misma línea de las sanciones unilaterales que impulsa el presidente de EE.UU., Donald Trump, contra el Gobierno de Maduro y la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
El anuncio de esa medida se realiza en el contexto de la Cumbre Latinoamericana 2017, que reúne a figuras como el mismo gobernador de Florida y Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), quien aprovechó la oportunidad para arremeter una vez más contra el Ejecutivo venezolano, exigiendo que las sanciones deberían ser “más fuertes y generales” para lograr que el país suramericano “vuelva al camino de la democracia”.
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