“Fiscales especiales acusaron hoy al vicepresidente de Samsung Electronics, Lee Jae-Yong, (...) por soborno, malversación, ocultación de activos en el extranjero (...) y perjurio”, ha declarado este martes Lee Kyu-Chul, el portavoz del equipo que investiga el caso de un escándalo de tráfico de influencias que llevó a juicio político a la destituida presidenta Park Geun-hye.
El multimillonario también está imputado por pagar casi 40 millones de dólares en sobornos a cambio de favores políticos a la amiga íntima de la presidenta cesada, Choi Soon Sil, autora de un escándalo de corrupción que sacudió al país asiático.
Fiscales especiales acusaron hoy al vicepresidente de Samsung Electronics, Lee Jae-Yong, (...) por soborno, malversación, ocultación de activos en el extranjero (...) y perjurio”, ha declarado Lee Kyu-Chul, portavoz del equipo de fiscales especiales.
Lee Jae-Yong, junto a otros cuatro funcionarios de alto rango de la empresa, será procesado mientras concluyen las investigaciones de cuatro meses del equipo de fiscales.
Poco después de este anuncio, el Grupo Samsung informó una serie de planes para renovar la gestión del grupo, entre ellos el cierre de su principal oficina estratégica.
Conforme a los planes, las filiales de Samsung tomarán sus propias decisiones de negocios de manera independiente en sus reuniones directivas.
El vicepresidente del conglomerado, Choi Gee-sung, y el presidente Chang Choong-ki, que lideró el departamento de planificación estratégica y se enfrenta a cargos relacionados con el escándalo, han dimitido.
Lee Jae-Yong, de 48 años, se encuentra en detención preventiva desde el pasado 17 de febrero y niega todas las acusaciones en su contra.
El escándalo de corrupción en Corea del Sur provocó la destitución de la presidenta del país. Ayer (el lunes) el presidente interino de Corea del Sur, Hwang Kyo-ahn, rechazó la petición de la fiscalía especial para prorrogar la actual investigación contra Park. Ella está acusada por la fiscalía de complicidad con su amiga Choi Soon-Sil, imputada por extorsión y abuso de poder.
La presidenta, que conserva de momento el título, pero sus poderes fueron transferidos al primer ministro, tendrá que esperar hasta el mes de marzo la decisión de la Corte Constitucional.
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