Violaciones a los derechos, a la vida, y a la seguridad de la persona. Del derecho a la libertad personal, a la libertad de expresión, discriminación, torturas y maltratos. Todo eso es lo que contiene el informe sobre Bolivia de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Propone una hoja de ruta para prevenirlo en el futuro, garantizar la rendición de cuentas y allanar el camino hacia unas elecciones pacíficas, participativas e inclusivas el próximo 18 de octubre.
La organización tiene desplegado una misión en el país latinoamericano tras el golpe de Estado contra el entonces presidente, Evo Morales, en noviembre pasado. Su informe basado en más de 150 entrevistas con víctimas, testigos, representantes de la sociedad civil y autoridades, denuncia asesinatos, torturas, malos tratos y detenciones arbitrarias.
Bachelet se refiere a las represiones de las protestas en los barrios de la ciudad de El Alto, días después del Golpe de Estado. Represiones que dejaron decenas de muertos y cientos de heridos.
Unos nueve meses después de esos acontecimientos, líderes cocaleros denuncian la persecución política contra todo aquel que critica al gobierno de facto de Bolivia.
Al gobierno interino de Jeanine Áñez le llueven por todos lados las críticas, incluso por los problemas económicos. El candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, alerta sobre el endeudamiento del país, lo cual indica que ha alcanzado el 39 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Mientras el líder del MAS, el depuesto presidente, Evo Morales, criticó en un tuit a la autoproclamada presidenta, Jeanine Áñez, y su gobierno por la gestión de la pandemia del nuevo coronavirus, causante de la COVID-19, la corrupción, la crisis económica y la masiva pérdida de empleos. Además remató que esos problemas se resolverán al recuperar la democracia.
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