El viernes, Áñez informó de su postulación para los comicios presidenciales del próximo 3 de mayo, justo cuando terminaba el plazo para la inscripción de alianzas electorales, y aun cuando solo diez días antes descartaba candidatizarse.
La presidenta del gobierno de facto de Bolivia ha pedido la dimisión de todos sus ministros, bajo el pretexto de preparar su candidatura para encarar la “transición” hacia los comicios de mayo, intentando justificar que “es usual que se produzcan ajustes en el equipo de trabajo del Gobierno”.
Áñez anunció que se presentará al proceso electoral como aspirante de su partido, Demócratas, en una coalición con Soberanía y Libertad, la formación del alcalde de La Paz, Luis Revilla.
El expresidente boliviano Carlos Mesa, líder del partido Comunidad Ciudadana (CC), criticó que la “legalidad y legitimidad” de Áñez “se trunca” cuando “abandona la neutralidad y deslegitima el único motivo por el que ocupa el cargo”.
“No hace otra cosa que avalar las afirmaciones del expresidente huido [el presidente depuesto boliviano, Evo Morales] (...), de que en Bolivia sí hubo un golpe de Estado”, reprochó Mesa.
El anuncio de Áñez ha desatado una ola de advertencias y condenas, incluso algunos dudan de que sea legal, al advertir de que, si bien un presidente “electo” puede ser candidato a la reelección, ella no llegó al poder en las urnas, sino al activar el mecanismo sucesorio tras la salida forzada de Evo Morales.
Bolivia celebrará elecciones generales tras quedar anuladas las del pasado 20 de octubre, en las que Morales consiguió su cuarto mandato consecutivo, pero se vio obligado a renunciar en noviembre para preservar la paz del país debido a la arremetida golpista y violenta de la oposición, dirigida desde EE.UU.
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