La justicia bahreiní acusó el miércoles al sheij Ali Salman, el encarcelado líder del disuelto partido Al-Wefaq, de ser un espía de Catar y haber realizado actos desestabilizadores y hostiles e instigar el caos en este país árabe del Golfo Pérsico, mientras que también, supuestamente, habría recibido financiación por parte de Doha.
Además, el fiscal bahreiní acusó a Hasan Sultan, un exmiembro del Parlamento de este país e integrante de Al-Wefaq —que antes de ser disuelto era el principal partido opositor en Bahréin— de ser un cómplice del sheij Ali Salman y de “dañar el prestigio” del régimen de Manamá.
“Los acusados han recibido apoyo financiero de Catar para llevar a cabo sus actividades con el objetivo de dañar el estatus y los intereses del reino de Bahréin”, se lee en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias bahreiní BNA.
Del mismo modo, la justicia bahreiní les acusa de transferir información confidencial a Catar además de reunirse con integrantes del Movimiento de Resistencia Islámica de El Líbano (Hezbolá), acusaciones que han rechazado tanto el sheij Ali Salman como Sultan.
Los acusados han recibido apoyo financiero de Catar para llevar a cabo sus actividades con el objetivo de dañar el estatus y los intereses del reino de Bahréin”, se lee en un comunicado difundido por la agencia estatal de noticias bahreiní BNA.
Sayed Ahmed Alwadaei, director del Instituto para los Derechos y la Democracia de Bahréin (BIRD, por sus siglas en inglés), insiste en que la justicia bahreiní, mediante los cargos contra los dos líderes opositores, trata de “matar dos pájaros de un tiro”.
“Por un lado tenemos al sheij Ali Salman, quien la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cree que está encarcelado arbitrariamente por sus actividades políticas como líder de la oposición mientras que en la otra parte tenemos a Catar, que Bahréin se está aprovechándose de su crisis con este país para castigar aún más a los disidentes”, dijo.
Desde febrero de 2011, gran cantidad de ciudadanos bahreiníes protagonizan manifestaciones contra la monarquía Al Jalifa para reclamar, entre otros, el fin del monopolio de poder, la instauración de un sistema constitucional y un poder judicial independiente. La respuesta del Gobierno de Manama ha sido más y más medidas represivas y más limitaciones a la libertad de expresión.
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