El jefe de Gobierno de Manila, Rodrigo Duterte, ha autorizado la asignación de algunas unidades militares a operaciones “de arresto de personalidades relacionadas con el mundo de la droga”.
Según ha explicado este jueves el asesor de Seguridad Nacional de Filipinas, Hermógenes Esperon, no es necesario declarar la ley marcial o pedir poderes adicionales para ejecutar dichos operativos.
Esperon ha subrayado que el mandatario filipino categoriza el narcotráfico y el consumo de drogas como “amenazas a la seguridad nacional” y ha criticado la postura extranjera al respecto.
El plan de Duterte responde a la solicitud, presentada ayer miércoles por el Ministerio de Defensa, en la que pedía la autorización presidencial para que los militares intervinieran en los planes antidrogas.
“La directiva verbal para arrestar ‘policías canallas’ debe ser respaldada por una orden formal”, recordaba el comunicado de petición en alusión a las dos partes del combate: la persecución de consumidores y traficantes de droga, y la guerra contra los denominados “agentes scalawag” (‘canalla’ en tagalo).
El Ejército suple a la Policía filipina en las luchas antidrogas, pues la actuación de esta fue congelada el pasado lunes por el mandatario filipino hasta limpiar la institución de agentes corruptos.
Según organizaciones de derechos humanos, el plan antidroga de Duterte supone una “campaña de asesinatos extrajudiciales“ ya que, según la Amnistía Internacional (AI), desde el pasado verano boreal se ha cobrado más de 7000 vidas.
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