"El Gobierno ha fracasado en gran medida en cumplir las recomendaciones formuladas en un informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU [que] planteó la posibilidad de que el patrón de violaciones contra los rohingya equivalga a crímenes contra la humanidad", declaró el ACNUDH en una declaración.
El organismo detectó casos de asesinatos extrajudiciales, destrucción masiva de infraestructura civil, arrestos arbitrarios y violencia sexual contra musulmanes rohingya en el estado de Rajine, de mayoría musulmana.
El Ejército birmano y los budistas extremistas de ese país protagonizan sistemáticamente actos violentos contra los musulmanes, que son considerados como inmigrantes ilegales bengalíes por las autoridades de Myanmar y no pueden obtener el estatus de ciudadanía.
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