“El país está picado por la mitad y clama por la reconciliación nacional, necesaria para salir de la crisis", ha indicado este jueves la opositora Delsa Solórzano, diputada electa por el circuito 1 del estado de Miranda (centro-norte), al presentar el proyecto.
El país está picado por la mitad y clama por la reconciliación nacional, necesaria para salir de la crisis", ha indicado la opositora Delsa Solórzano, diputada electa por el circuito 1 del estado de Miranda (centro-norte)
El proyecto ha sido adoptado en la primera disuasión con los votos de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD), que cuenta con 109 de los actuales 163 diputados, frente a 54 del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y grupos aliados. La segunda lectura se realizará en los próximos 15 días.
Así, el Parlamento ha autorizado excarcelar a los centenares de opositores que se encuentran recluidos, procesados o autoexiliados por orden del Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, por promover acciones violentas en el país sudamericano. Entre ellos está Leopoldo López, sentenciado a 13 años de prisión por conspirar y provocar violencia en las protestas antigubernamentales de 2014.
Sin embargo, los parlamentarios oficialistas han repudiado la intención de los partidos de derecha de institucionalizar la impunidad en el país y dejar libres a acusados de generar desestabilización, instigación pública y daños a la propiedad pública.
"No puede haber amnistía si no hay reconocimiento de los delitos cometidos, solicitud de perdón y si no son las víctimas quienes deciden o no perdonar a sus victimarios", ha cuestionado en la AN Héctor Rodríguez, el jefe del partido Gran Polo Patriótico (GPP).
Nada más llegar al Parlamento tras las elecciones de diciembre, los legisladores derechistas aclararon que buscarán poner fin al Gobierno del presidente Maduro en un plazo máximo de seis meses, y señalaron que dedicarán su legislatura a temas como la promulgación de una Ley de Amnistía, en un claro desafío al jefe de Estado.
En febrero de 2014, el país suramericano fue escenario de manifestaciones antigubernamentales orquestada por la ultraderecha, con el objetivo de posibilitar un golpe de Estado contra el Gobierno bolivariano. Estas violentas manifestaciones acabaron con la vida de decenas de personas y dejaron centenares de heridos, además de provocar daños en edificios gubernamentales.
En noviembre, el Comité de Víctimas de las Guarimbas y Golpe Continuado de Venezuela denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDHNU) la violencia impulsada por la oposición en los disturbios de 2013 y 2014.
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