La opositora Delsa Solórzano, diputada electa por el circuito 1 del estado de Miranda (centro-norte), ha afirmado este miércoles que la ley de amnistía de presos que considera "políticos" será promulgada sin importar la opinión del jefe de Estado, pese a que este ha advertido de que la vetará.
Lo que dice la Constitución es que luego de cumplido el proceso constitucional para la conformación de las leyes, la Asamblea las remite a la Presidencia, que tiene diez días para aprobarla o vetarla. En cualquiera de los casos, la Asamblea la puede promulgar. La ley va porque va, ha alegado la opositora Delsa Solórzano en alusión a la ley de amnistía de presos.
El martes, el mandatario venezolano dijo: "Así lo digo como jefe de Estado, no aceptaré ninguna Ley de Amnistía. Porque se violaron los Derechos Humanos y así lo digo y así me planto. Me podrán enviar mil leyes, pero los asesinos de un pueblo tienen que ser juzgados y tienen que pagar".
La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD, centroderecha), que ganó el control total de la Asamblea Nacional en las elecciones del domingo, anunció como primer acto legislativo aprobar una amnistía para unas 80 personas a quienes considera "presos políticos", como el líder del ala radical de la oposición, Leopoldo López.
Solórzano, militante del partido Un Nuevo Tiempo, alega que "lo que dice la Constitución es que luego de cumplido el proceso constitucional para la conformación de las leyes, la Asamblea las remite a la Presidencia, que tiene diez días para aprobarla o vetarla. En cualquiera de los casos, la Asamblea la puede promulgar. La ley va porque va".
El líder de la MUD, el excandidato presidencial Henrique Capriles, afirmó que el presidente puede hacer observaciones sobre el texto de las leyes, pero en un claro autoritarismo, afirmó que es la Asamblea "quien decidirá".
Lilian Tintori, esposa del encarcelado líder opositor radical Leopoldo López, aseguró que no descansará hasta sacar de la cárcel a su esposo.
López se encuentra en prisión desde 2014, tras entregarse a las autoridades días después de promover e incitar los actos vandálicos y las llamadas guarimbas en la nación suramericana.
En febrero de 2014, el país suramericano fue escenario de manifestaciones antigubernamentales orquestada por la ultraderecha, apoyada por Estados Unidos, con el objetivo de posibilitar un golpe de Estado contra el Gobierno bolivariano. Estas violentas manifestaciones acabaron con la vida de decenas de personas y dejaron centenares de heridos, además de provocar daños en edificios gubernamentales.
En noviembre, el Comité de Víctimas de las Guarimbas y Golpe Continuado de Venezuela denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (CDHNU) la violencia impulsada por la oposición en los disturbios de 2013 y 2014.
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