El 29 de junio, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, presentó su último informe sobre Venezuela, en la que llamó a las autoridades del país a realizar cambios estructurales más sostenibles.
“Denunciamos una vez más la ausencia de abordaje del impacto de las ilegales medidas coercitivas unilaterales en los DD.HH. de nuestro pueblo”, ha manifestado el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas, Hector Constant Rosales.
En declaraciones ofrecidas este jueves durante una sesión del organismo en Ginebra (Suiza), ha detallado que la guerra económica contra Venezuela ha dejado terrible impacto sobre todos los derechos del pueblo venezolano.
De igual manera, el diplomático venezolano ha ejemplificado los impactos de las sanciones en la salud, precisando que los “niños venezolanos han dejado de recibir tratamientos médicos por culpa de estas ilegales medidas impuestas de forma hegemónica”.
Washington lanzó una campaña de máxima presión contra Caracas después de que el Gobierno del expresidente de EE.UU., Donald Trump, incluyera a partir de 2017 la prohibición de comercializar bonos del Tesoro venezolano en mercados financieros estadounidenses. Es más, la pandemia global castigó con más dureza a países como Venezuela e Irán, objeto de duras sanciones de Occidente, puesto que no tuvieron acceso justo a medicamentos y equipos necesarios para luchar el mal.
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