En un comunicado emitido el viernes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, informa de la imposición de sanciones a la sociedad de tecnología biométrica Ex-Cle Soluciones Biométricas, inscripta en Venezuela y que opera en el país como subsidiaria de la sociedad Ex-Cle S.A., constituida en Argentina.
Estados Unidos acusa a la empresa de haber ofrecido servicios de hardware y software electoral al Gobierno venezolano, presidido por Nicolás Maduro, para llevar a cabo las elecciones parlamentarias del pasado 6 de diciembre, proceso electoral que la Administración norteamericana no reconoce y tilda de fraudulento.
El Tesoro alega también que la referida sociedad ayudó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, “a comprar miles de máquinas de votación a proveedores extranjeros”, las cuales fueron utilizadas el 6D.
Además, la OFAC aplica medidas restrictivas contra Guillermo Carlos San Agustín, administrador, accionista mayoritario y el propietario beneficiario final de Ex-Cle C.A. y a Marcos Javier Machado Requena, presidente y accionista minoritario de Ex-Cle C.A , por supuestamente haber actuado en representación de Ex-Cle Soluciones Biometricas. Estas sanciones implican el bloqueo de los bienes e intereses en propiedad de dicha empresa, de San Agustín y Machado que estén en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses.
En la misma jornada, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, intentó justificar las sanciones contra tal empresa, bajo la excusa de la ausencia de democracia en los procesos de elección popular en el país bolivariano, mientras reiteró la campaña de máxima presión contra el Gobierno venezolano.
Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y más de una docena de países latinoamericanos se negaron a reconocer los resultados de las elecciones parlamentarias de Venezuela, en las que el bloque oficialista Gran Polo Democrático obtuvo la mayoría de escaños.
Desde el año 2008, EE.UU. ha ejercido una política de presiones diplomáticas y de sanciones económicas contra los venezolanos, sin embargo, esta se ha intensificado desde 2019, cuando Washington y sus aliados, entre ellos, Colombia, reconocieron al opositor Juan Guaidó, como “presidente encargado” de Venezuela y han llevado a cabo varias operaciones para defenestrar al Gobierno de Maduro.
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