Con el voto de la mayoría opositora y la ausencia de la bancada oficialista, la Asamblea Nacional (AN) ha aprobado este martes tramitar una denuncia por delitos de lesa humanidad contra el actual mandatario ante la Corte Penal Internacional (CPI).
El Legislativo ha aprobado una declaración de “condena a la represión, persecución, tortura y otras violaciones a los derechos humanos de la población”, además en el texto califica de “autocracia” al Gobierno de Maduro.
La Asamblea Nacional (AN) acuerda "instruir el expediente correspondiente a los efectos de tramitar denuncia ante la Corte Penal Internacional para el conocimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y las demás autoridades con poder de mando", señala la declaración de la Asamblea Nacional de Venezuela.
También han acordado “instruir el expediente correspondiente a los efectos de tramitar denuncia ante la Corte Penal Internacional para el conocimiento de los delitos de lesa humanidad cometidos por Nicolás Maduro y las demás autoridades con poder de mando”.
Entre los supuestos delitos, los parlamentarios mencionan "torturas físicas, psíquicas y morales contra militantes de partidos políticos para obtener confesiones forzadas".
La Cámara precisó que las acciones del Gobierno han devenido en al menos 538 arrestos y, peor aun, dado lugar a “asesinatos y atentados contra la integridad corporal”.
Aseguran que “el Gobierno ha acudido a la represión desmedida y uso desproporcionado de la fuerza mediante el empleo de armas de fuego y sustancias tóxicas para contener las manifestaciones pacíficas” recientes.
La AN insiste en que existe una ruptura del orden constitucional en Venezuela desde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió dos sentencias que despojaban a esta Asamblea de sus facultades y limitaban la inmunidad de los diputados: tales decisiones fueron después parcialmente suprimidas.
Ante tal coyuntura, la AN ha decido interponer una denuncia contra Maduro, y exhorta a las autoridades y funcionarios públicos a respetar la Constitución y garantizar su cumplimiento.
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