Joshua Kaluria, un exguardia de la compañía líder en servicios de seguridad internacional G4S, fue acusado por la muerte de Reza Barati, joven iraní de 23 años de edad solicitante de asilo de Australia, dentro del centro de detención de Manus en febrero de 2014, informa este viernes el canal de televisión iraní en inglés PressTV.
El diputado de Manus, Ron Knight, anunció que un tribunal local otorgó la libertad bajo fianza a Kaluria, pero sostuvo que la corte podría revocar el veredicto si hubiera informes sobre su mala conducta en el centro.
Barati murió por las lesiones fatales que sufrió en la cabeza tras recibir una "brutal paliza" por un guardia en el campamento de refugiados durante un brote de violencia.
Mientras tanto, los refugiados aseguran que Kaluria había contactado con ellos y les amenazó de ir tras quienes lo denuncian a la policía.
Otros dos retenidos que fueron testigos del asesinato de Barati, a pesar de habr recibido el asilo por parte del Gobierno australiano, se niegan a abandonar el campo de detención porque temen por sus vidas.
Tras el asesinato de Barati, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán convocó al embajador australiano en Teherán para comunicarle la enérgica protesta del país persa contra el maltrato y la conducta violenta del Gobierno de Canberra hacia los solicitantes de asilo.
En septiembre de 2014, otro solicitante de asilo de nacionalidad iraní, identificado como Hamid Jazei fue declarado con muerte cerebral tras ingresar en un hospital australiano después de sufrir envenenamiento de sangre debido a una falta de atención médica en un centro de detención en Papúa-Nueva Guinea.
El envío de solicitantes de asilo al centro de detención de Papúa-Nueva Guinea forma parte de las medidas agresivas del Gobierno de Canberra que han aumentado desde la llegada al poder del primer ministro Tony Abbott.
Se estima que unos 1340 solicitantes de asilo en la actualidad se encuentren detenidos en la isla de Manus bajo la política de detención punitiva arbitraria de Australia.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Amnistía Internacional (AI) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han expresado en reiteradas ocasiones su seria preocupación sobre estas medidas injustas sin conseguir que se produzca un cambio en la condición de los indocumentados retenidos por Australia.
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