Ante esta medida, los sindicatos calificaron el plan como un grave retroceso que afecta directamente el presupuesto de las familias. En respuesta, los servidores públicos salieron a las calles de Lima para exigir que se frene de inmediato este ajuste a sus derechos laborales.
El nuevo plan del Ejecutivo impone una fragmentación presupuestal que congela hasta el 2030 los derechos económicos íntegros del personal público temporal. Ante esta larga espera y el drástico recorte de beneficios programado para el mes de julio, los empleados se movilizaron en la capital para presionar al Ministerio de Economía.
La preocupación de los trabajadores CAS crece ante la cercanía de julio, ya que las entidades públicas no pueden calcular sus pagos por retrasos en las autorizaciones del Ministerio de Economía.
Los servidores públicos anunciaron que continuarán movilizándose en las calles sin importar las consecuencias para defender sus pagos de julio frente a las trabas del gobierno.
Mientras los trabajadores públicos del régimen CAS sufrieron recortes, el personal del Congreso recibió un bono de más de $3000 dólares. El beneficio extraordinario fue entregado a todos los empleados del Parlamento.
Aarón Rodríguez, Lima
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