Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 2023, un 27.1% de los peruanos fue víctima de delitos, siendo el robo el delito más común, seguido por la extorsión, la estafa y el secuestro.
Esta situación ha llevado a un 57% de los peruanos a considerar abandonar el país, impulsados por la crisis económica, la inseguridad y la falta de oportunidades.
Ante este panorama, un sector del Congreso ha solicitado que Lima, la ciudad con la peor ola delincuencial, sea declarada en estado de emergencia. En ese marco, el Gobierno aprobó la ley de crimen organizado, la cual ha sido rechazada por las instituciones debido a que complica los esfuerzos para combatir efectivamente el delito.
La inseguridad en Perú ha alcanzado niveles críticos, con un aumento de robos, extorsiones, estafas y secuestros. En ese contexto, el Congreso aprobó una ley de crimen organizado que ha sido muy criticada por excluir hasta 59 tipos penales, lo que debilitaría los esfuerzos para combatir el delito. En lugar de mejorar la seguridad, la legislación podría favorecer la impunidad y dejar a la ciudadanía aún más desprotegida.
En medio de la grave ola delincuencial en Perú, el ministro del Interior está bajo investigación por presuntamente proteger a un prófugo de la justicia. A pesar de su cuestionada gestión y los escasos resultados, Santivañez asegura que seguirá enfrentando la crisis de inseguridad en el país.
Tanto el Congreso como el Ejecutivo estarían manipulando las dinámicas del delito, con una administración que no solo permite, sino que contribuye a aumentar la delincuencia.
A lo largo de 2024, Lima ha registrado 14,220 denuncias por extorsión, un fenómeno que el alcalde de la ciudad, López Aliaga, describe como una forma de “terrorismo urbano”.
Aarón Rodríguez, Lima
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