“En el marco actual de protestas sociales, el Estado peruano debe garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas y cuidar que el uso de la fuerza cumpla siempre con los estándares internacionales de derechos humanos, previniendo y eliminando cualquier exceso en el uso de esta”, ha indicado la oficina regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en una nota.
En el marco actual de protestas sociales, el Estado peruano debe garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de las personas y cuidar que el uso de la fuerza cumpla siempre con los estándares internacionales de derechos humanos, previniendo y eliminando cualquier exceso en el uso de esta, ha indicado el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Asimismo, ha llamado a las autoridades nacionales a que, en el marco del estado de emergencia decretado, el uso de la fuerza sea estrictamente proporcional y limitado.
De igual manera, ha expresado su preocupación por la violencia registrada en torno a las protestas y la falta de diálogo para una solución consensuada del conflicto.
Al respecto, el funcionario de la oficina, Amerigo Incalcaterra, ha expresado sus condolencias a los familiares de los fallecidos en el marco de estas manifestaciones registradas en la provincia de Islay, en la región de Arequipa (sur) y ha instado al Estado peruano “a realizar una investigación pronta, independiente, y exhaustiva que permita identificar y llevar a la justicia a los responsables de estas muertes”.
En este sentido, Incalcaterra ha pedido a las partes en conflicto “reducir el actual clima de tensión” afirmando que “solo a través de un diálogo constructivo, libre de violencia y respetuoso de los derechos humanos se van a encontrar las respuestas a los desafíos que enfrenta el país”.
Tía María es un proyecto de explotación y procesamiento de cobre a cielo abierto en la región de Arequipa, que pertenece a la empresa minera mexicano-estadounidense Southern Copper Corporation (SCC) y tendría una duración de 21 años para extraer el mineral mediante el uso de aguas subterráneas a través de pozos del Valle del río Tambo, con un inminente impacto ambiental.
El pasado 16 de mayo, organizaciones sociales y civiles de varias regiones del sur de Perú convocaron un paro general de 48 horas contra el proyecto minero, motivo de protestas en la provincia de Islay.
Desde el pasado 23 de marzo, los residentes de la citada provincia de Islay, se movilizan en rechazo al desarrollo de ese proyecto cuprífero, denunciando que afectaba su agricultura y contaminaba la zona.
Al menos tres personas han perdido la vida, una el 22 de abril, otra el 5 de mayo como consecuencia de los choques tras la intervención de la policía. Además el 9 de mayo, un suboficial de la Policía Nacional murió por las heridas sufridas durante una de las manifestaciones.
El Gobierno de Lima autorizó el lunes a las fuerzas armadas que tomaran control de siete regiones afectadas por la huelga, entre ellas, la provincia de Islay, donde se declaró el estado de emergencia debido a la escalada de violencias en las manifestaciones.
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