Por: Ali Zeraatpisheh
Nueve ciudadanos estadounidenses asesinados por las fuerzas del régimen israelí y colonos violentos en la Cisjordania ocupada durante los últimos años siguen sin que se haya exigido responsabilidad alguna, lo que pone al descubierto el fracaso de Washington a la hora de exigir explicaciones, en medio de una escalada de la violencia, los desplazamientos forzosos y el colonialismo de asentamiento.
Desde enero de 2022, al menos nueve ciudadanos estadounidenses han sido asesinados por colonos israelíes o por las fuerzas de ocupación israelíes en la Cisjordania ocupada de Palestina.
Entre ellos había un periodista, dos adolescentes de 17 años, un niño de 14, un joven de 20, un padre de cinco hijos y otros civiles.
En ninguno de los nueve casos se ha establecido una rendición de cuentas efectiva, según una reciente resolución presentada en el Senado por el senador Chris Van Hollen.
La primera víctima fue Omar Assad, un palestino-estadounidense de 70 años que durante décadas había regentado una tienda de comestibles en Milwaukee, la ciudad más poblada del estado estadounidense de Wisconsin.
En enero de 2022, soldados israelíes lo detuvieron en un puesto de control de su aldea, lo sacaron a rastras de su automóvil, le ataron las manos a la espalda, lo amordazaron y le vendaron los ojos, y después lo dejaron tendido en el suelo.
Murió de un infarto provocado por el estrés. Nadie ha rendido cuentas por su muerte.
Cuatro meses después, Shireen Abu Akleh, periodista palestino-estadounidense que había vivido en Nueva Jersey durante su infancia, recibió un disparo en la cabeza mientras informaba cerca del campo de refugiados de Yenín.
Llevaba un chaleco de prensa claramente identificado. Una revisión posterior de Estados Unidos concluyó que los disparos del ejército israelí fueron los responsables de su asesinato a sangre fría.
En enero de 2024, Tawfic Abdel Jabbar, un estadounidense de 17 años nacido y criado en Luisiana, recibió un disparo en la cabeza mientras conducía al este de Ramalá.
Semanas después, Mohammad Khdour, otro estadounidense de 17 años, recibió dos disparos en la cabeza mientras conducía cerca de Biddu. Los informes atribuyeron ambos asesinatos a colonos y fuerzas israelíes.
En septiembre de 2024, Aysenur Ezgi Eygi, de 26 años, que había crecido en Seattle, recibió un disparo en la cabeza efectuado por un soldado israelí desde una distancia aproximada de 200 metros.
En abril de 2025, Amer Rabee, de apenas 14 años, recibió 11 disparos de las fuerzas de ocupación israelíes cerca de Turmus Ayya.
En julio de 2025, Saifullah Kamel Musallet, un estadounidense de 20 años nacido en Florida que se encontraba de visita con su familia, murió a golpes a manos de colonos israelíes en Sinyil.
Según testigos, los colonos y las fuerzas de ocupación israelíes impidieron durante más de dos horas que una ambulancia llegara hasta él.
Al mes siguiente, Khamis Ayyad, residente de Chicago de 40 años y padre de cinco hijos, murió por inhalación de humo después de que colonos incendiaran viviendas y automóviles en su aldea.
En febrero de 2026, Nasrallah Abu Siyam, un estadounidense de 19 años nacido en Filadelfia, fue abatido durante un ataque de colonos contra agricultores palestinos cerca de Ramalá.
¿Cómo respondió la Administración Trump a estos asesinatos?
Para las familias de los nueve estadounidenses, la respuesta de Washington se ha limitado a poco más que declaraciones vacías y condolencias tibias, sin que se haya exigido una rendición de cuentas efectiva.
En marzo de 2026, treinta senadores escribieron al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, para advertirle de que ciudadanos estadounidenses estaban siendo asesinados en la Cisjordania ocupada “sin justicia ni rendición de cuentas”. Los senadores instaron a la Administración a abrir investigaciones independientes sobre los asesinatos.
También plantearon una pregunta que reflejaba su frustración: ¿cuántos estadounidenses más tenían que morir antes de que Washington adoptara “medidas serias y creíbles” para exigir responsabilidades?
La respuesta del Departamento de Estado estadounidense estuvo muy lejos de la gravedad de los asesinatos. En una carta dirigida a los senadores, recurrió a una fórmula ya conocida: “Estados Unidos exige que se rindan cuentas en todos los casos en que sus ciudadanos sufran daños en el extranjero”.
Sin embargo, para septiembre de 2026, ninguno de los nueve casos había dado lugar a una rendición de cuentas efectiva. El senador Chris Van Hollen calificó las reiteradas garantías de “promesas vacías” y señaló que las familias llevaban meses y, en algunos casos, años esperando respuestas.
La familia Assad ya había experimentado de primera mano las consecuencias de aquellas promesas incumplidas. Después de que soldados israelíes detuvieran y maltrataran a Omar Assad en enero de 2022, el Departamento de Estado estadounidense exigió una “investigación penal exhaustiva y una rendición de cuentas plena”.
Posteriormente, Israel afirmó haber “sancionado disciplinariamente” a algunos mandos, pero no se presentaron cargos penales.
En 2024, Washington también permitió que la unidad militar israelí implicada en la muerte de Assad siguiera recibiendo asistencia estadounidense, tras determinar que sus infracciones habían sido “subsanadas de manera efectiva”.
Para Assad Assad, sobrino de la víctima, aquella decisión fue devastadora. La calificó de acto de “hipocresía” y formuló una petición sencilla: “Necesitamos que se haga justicia por mi tío”.
Ni siquiera las palabras del embajador estadounidense Mike Huckabee se han traducido en una rendición de cuentas. Después de que Saifullah Musallet muriera a golpes a manos de colonos israelíes en julio de 2025, Huckabee calificó el asesinato de “acto criminal y terrorista” y declaró: “Debe haber rendición de cuentas”.
Pero la condena verbal no ha traído justicia. Las autoridades del régimen israelí siguen sin rendir cuentas de manera efectiva por estos asesinatos, mientras las familias continúan esperando respuestas.
¿Por qué se negó el Senado a exigir explicaciones?
El 29 de septiembre de 2026, el Senado de Estados Unidos tuvo la oportunidad de exigir explicaciones por la muerte de nueve estadounidenses a manos de colonos o fuerzas de ocupación en la Cisjordania ocupada. Se negó a hacerlo.
Los senadores votaron 47 a 51 para bloquear una resolución presentada por el senador Chris Van Hollen que habría obligado al Departamento de Estado a informar al Congreso sobre los asesinatos y las violaciones de los derechos humanos en ese territorio. La moción para someter la resolución a consideración fue rechazada.
La medida, identificada como S. Res. 852, no pretendía recortar la ayuda militar a Israel. En su lugar, invocaba el artículo 502B(c) de la Ley de Asistencia Exterior y habría obligado al Departamento de Estado a proporcionar, en un plazo de 30 días, información sobre las investigaciones de los asesinatos de ciudadanos estadounidenses.
También solicitaba una evaluación de la situación general de los derechos humanos en la Cisjordania ocupada, incluido el secuestro de niños palestinos.
La votación se desarrolló casi por completo según las líneas partidistas. Cuarenta y seis demócratas y el senador republicano Rand Paul votaron a favor. Cuarenta y ocho republicanos y el senador demócrata John Fetterman votaron en contra. Dos senadores no participaron en la votación.
Para Van Hollen, el significado del resultado era inequívoco.
“Nueve ciudadanos estadounidenses han sido asesinados en los últimos años y no han obtenido justicia ni se ha exigido responsabilidad alguna”, declaró tras la votación. “Sus familias y el pueblo estadounidense merecen respuestas sobre sus muertes. Pero hoy los republicanos se las negaron”.
Al quedar bloqueada la resolución, el Departamento de Estado no quedó sujeto a ninguna nueva obligación de informar en virtud de esa medida. El Congreso no recibiría el informe solicitado sobre lo ocurrido a los nueve estadounidenses, sobre si las autoridades israelíes habían investigado debidamente sus muertes ni sobre si la asistencia estadounidense estaba llegando a fuerzas o instituciones implicadas en abusos contra los derechos humanos.
Van Hollen planteó directamente la cuestión a sus colegas en el pleno del Senado: “Si el asesinato de nueve estadounidenses no justifica un informe de nuestro propio Departamento de Estado, quisiera preguntar a mis colegas: ¿qué lo justificaría?”.
¿Por qué Israel no ha tenido que rendir cuentas?
La protección de Israel en Washington se sustenta en algo más que los vínculos diplomáticos. También se ve reforzada por el gasto electoral, las actividades de presión política, las donaciones y el acceso directo a los miembros del Congreso estadounidense.
En el centro de esta red se encuentra el controvertido Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC, por sus siglas en inglés) y su extensa estructura de presión política.
Su comité de acción política independiente, United Democracy Project (UDP), había gastado 53,6 millones de dólares en contiendas electorales al Congreso hasta el 21 de agosto de 2026. El propio AIPAC había aportado 30 millones de dólares al UDP. Para junio, el UDP había recaudado aproximadamente 104 millones de dólares para el ciclo electoral de 2026, superando los 87,1 millones obtenidos durante todo el ciclo de 2024.
Estos fondos se han destinado a influir en qué candidatos se imponen en las elecciones al Congreso.
En Michigan, el UDP gastó 30,1 millones de dólares con el objetivo de impedir que el demócrata progresista Abdul El-Sayed ganara las primarias demócratas al Senado.
En Nueva Jersey, desembolsó más de dos millones de dólares para oponerse al exrepresentante Tomasz Malinowski, un demócrata que anteriormente había recibido el respaldo del AIPAC.
En California, el UDP invirtió casi 2,5 millones de dólares en una contienda electoral a la Cámara de Representantes celebrada en agosto de 2026 para apoyar a Melissa Hernandez frente a la demócrata progresista Aisha Wahab.
La influencia del AIPAC va más allá del gasto electoral e incluye viajes al extranjero para legisladores. Desde el 7 de octubre de 2023, mientras la ofensiva genocida de Israel contra Gaza devastaba el territorio, su organización afiliada, la Fundación Estadounidense para la Educación sobre Israel (AIEF, por sus siglas en inglés), ha destinado más de 4,2 millones de dólares a financiar viajes a la Palestina ocupada para al menos 78 miembros del Congreso y empleados legislativos de ambos partidos.
Los viajes incluyeron reuniones con funcionarios del régimen israelí, entre ellos el desacreditado primer ministro Benjamín Netanyahu, así como visitas a la Cisjordania ocupada.
Esta red de viajes parlamentarios funciona mediante delegaciones organizadas. Una delegación de la AIEF en 2025, por ejemplo, incluyó a los legisladores republicanos Jim Jordan, Warren Davidson, Michelle Fischbach, Mike Flood, Ronny Jackson, Morgan Luttrell, Mary Miller, Andy Ogles, Gary Palmer, María Elvira Salazar y Keith Self.
El objetivo declarado era informar a los legisladores sobre cuestiones que afectan a las relaciones entre Estados Unidos e Israel, incluida la política exterior y las asignaciones presupuestarias estadounidenses.
Esta influencia política opera paralelamente al considerable respaldo que Estados Unidos presta a Israel. Sin embargo, cuando se pidió al Senado que examinara los asesinatos de nueve ciudadanos estadounidenses en la Cisjordania ocupada, la propuesta no exigía sanciones contra Israel ni el fin de la asistencia militar.
La resolución S. Res. 852 simplemente habría obligado al Departamento de Estado a proporcionar al Congreso información sobre los asesinatos, las investigaciones de esas muertes y la situación general de los derechos humanos en Cisjordania.
El contraste es evidente. La red política del AIPAC puede canalizar decenas de millones de dólares hacia las elecciones al Congreso, financiar viajes al extranjero para legisladores y movilizar cuantiosos recursos contra candidatos que cuestionan las políticas que promueve.
Sin embargo, nueve ciudadanos estadounidenses pueden ser asesinados en un territorio bajo ocupación israelí, sus familias pueden pasar meses o años esperando respuestas y, aun así, el Senado puede negarse a exigir al Gobierno estadounidense que rinda cuentas sobre lo sucedido.
¿Qué revelan las muertes de estadounidenses sobre la vida en la Cisjordania ocupada?
Los asesinatos deliberados de nueve estadounidenses no pueden desvincularse de la realidad más amplia que los palestinos llevan décadas padeciendo en toda la Cisjordania ocupada.
Desde el 7 de octubre de 2023, la ONU había documentado la muerte de 1109 palestinos a manos de las fuerzas israelíes o de colonos en la Cisjordania ocupada, entre ellos 243 niños. Esa cifra incluía a 63 palestinos asesinados únicamente durante los seis primeros meses de 2026.
Entre el 2 y el 8 de septiembre, las fuerzas del régimen israelí mataron a seis palestinos, incluidos dos niños, e hirieron a otros 31.
La violencia de los colonos se ha convertido en una amenaza cotidiana e intimidatoria. Hasta el 14 de septiembre de 2026, la ONU había documentado más de 1600 ataques de colonos desde comienzos de año, que afectaron a 275 comunidades palestinas, con una media de 6,7 ataques diarios.
Estos ataques han adoptado numerosas formas: tiroteos, palizas, incendios provocados, lanzamiento de piedras, destrucción de viviendas y vehículos, agresiones contra el ganado y daños a los sistemas de abastecimiento de agua y a las infraestructuras agrícolas.
Las consecuencias van más allá de las lesiones y las muertes inmediatas. La violencia desenfrenada de los colonos también está obligando a los palestinos a abandonar sus propias tierras.
Entre enero de 2023 y el 13 de julio de 2026, 122 comunidades palestinas sufrieron desplazamientos totales o parciales, incluidas 47 que quedaron completamente despobladas. Más de 6.200 palestinos, entre ellos más de 3.000 niños, fueron desplazados durante ese periodo. Solo en 2026, la cifra superó las 2.300 personas.
Las incursiones militares israelíes agravan aún más esta inseguridad. Las operaciones de búsqueda y detención llevan habitualmente a las fuerzas armadas israelíes a localidades palestinas y campos de refugiados, dejando tras de sí arrestos, heridos, cierres de carreteras y desplazamientos temporales.
En septiembre, las fuerzas del régimen israelí asaltaron un hospital en Ramalá y secuestraron a un palestino herido. En Biddu, detuvieron al menos a 67 hombres palestinos, ocuparon viviendas y realizaron mediciones para una demolición punitiva. Otras incursiones en Nablus, Qalqilia y Ramalá se saldaron con nuevas detenciones y heridos.
Bajo esta violencia subyace una lucha por la tierra que se prolonga desde hace décadas.
Una comisión de investigación de la ONU informó de que las autoridades del régimen israelí declararon 2.425,8 hectáreas de tierra palestina como supuestas “tierras estatales” en 2024, la mayor superficie anual declarada de esta manera desde 1998.
Otro informe de la ONU concluyó que, durante el periodo examinado, se habían apropiado de 2545,9 hectáreas mediante declaraciones de tierras estatales, lo que representaba aproximadamente la mitad de toda la superficie designada como supuestas “tierras estatales” desde los Acuerdos de Oslo.
El informe también determinó que el 99,76 % de las tierras clasificadas hasta 2018 se habían destinado a asentamientos israelíes.
Este proceso continuó en 2026 mediante la expansión de los asentamientos, el registro de tierras y las demoliciones. En septiembre, las autoridades israelíes demolieron o sellaron decenas de estructuras de propiedad palestina en una sola semana, desplazando a familias y destruyendo viviendas, medios de subsistencia y propiedades agrícolas.
Este es el escenario en el que fueron asesinados los nueve estadounidenses. Sus pasaportes estadounidenses no los protegieron de esta realidad. Fueron asesinados en medio de ella.
Texto recogido de un artículo en Press TV
