Por: Yousef Ramazani
Mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a exigir a Irán una compensación por los daños ocasionados a activos estadounidenses, el registro histórico revela un balance mucho más sustancial de ataques no provocados, asesinatos, actos de sabotaje y golpes de Estado perpetrados por Estados Unidos contra Irán; una deuda que, según cualquier contabilidad honesta, supera con creces cualquier reclamación que Washington pudiera presentar.
La osadía de Washington al exigir compensaciones a Irán contrasta de manera tajante con la historia documentada de los actos de agresión de Estados Unidos contra el pueblo iraní.
Desde la orquestación del golpe de Estado de 1953 que derrocó al gobierno democráticamente elegido de Irán, pasando por el apoyo estadounidense a Saddam Hussein durante la guerra impuesta de la década de 1980 —incluida la asistencia que facilitó su programa de armas químicas—, hasta el derribo de un avión civil con 290 personas a bordo y la imposición de sanciones generalizadas e ilegales que han restringido severamente el acceso de Irán a medicamentos y otros bienes esenciales, Estados Unidos ha acumulado un historial de daños que se extiende por más de siete décadas.
La República Islámica de Irán ha documentado reiteradamente estas cuestiones, presentando pruebas ante organismos internacionales y recurriendo a las vías judiciales disponibles en instituciones internacionales.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) también ha emitido fallos en casos relacionados con Estados Unidos e Irán, incluidos pronunciamientos según los cuales Washington violó obligaciones derivadas de tratados y órdenes relativas a compensaciones.
Sin embargo, Washington continúa presentándose como la parte perjudicada y formulando exigencias de compensación de carácter teatral, mientras ignora en gran medida los daños, mucho mayores, que ha infligido a Irán y al pueblo iraní durante décadas de abierta hostilidad.
Indiferencia ante la hambruna de 1918
Hace un siglo, en los albores de las relaciones bilaterales modernas, Irán veía a Estados Unidos como un posible amigo y una fuente de apoyo, un país que muchos iraníes esperaban que pudiera actuar como contrapeso frente a las ambiciones imperiales de Gran Bretaña y Rusia.
Washington, sin embargo, terminó alineándose con los intereses estratégicos británicos, anticipando un patrón de indiferencia e intervención que marcaría las relaciones durante generaciones.
En 1918, mientras la Primera Guerra Mundial y la ocupación del territorio iraní por fuerzas extranjeras devastaban el país, Irán fue azotado por una hambruna y una epidemia catastróficas. Las estimaciones sobre el número de muertos varían considerablemente, pero algunos relatos históricos sitúan la cifra en torno a los dos millones de víctimas, una pérdida enorme para una población de aproximadamente diez millones de habitantes en aquel momento.
En medio de esta catástrofe humanitaria, el gobierno iraní solicitó urgentemente a Estados Unidos un préstamo de varios millones de dólares para financiar las labores de ayuda contra la hambruna. Washington rechazó la solicitud, dejando a Irán sin la asistencia que había solicitado mientras la crisis se agravaba.
Mientras tanto, las fuerzas británicas explotaron la vulnerabilidad de Irán, ocupando partes del país e imponiendo acuerdos que amenazaban con convertirlo, de facto, en un protectorado.
El Parlamento iraní rechazó finalmente el propuesto Acuerdo Anglo-Persa de 1919 y, en junio de 1921, el Majlis inició formalmente el proceso para poner fin al acuerdo, reafirmando la determinación del país de resistir la dominación extranjera incluso en un momento de profunda vulnerabilidad.
Golpe de 1953: injerencia hostil directa
Estados Unidos y Gran Bretaña orquestaron en agosto de 1953 el derrocamiento del primer ministro iraní democráticamente elegido, Mohamad Mosadeq, en un acto flagrante que ha quedado ampliamente documentado en archivos de inteligencia estadounidenses desclasificados.
El propio presidente estadounidense Dwight Eisenhower reconoció en su diario que Estados Unidos había contribuido a restaurar al sah y a derrocar al gobierno democráticamente elegido de Mosadeq.
La CIA, en colaboración con el MI6 británico, dirigió una campaña encubierta de financiación política, propaganda y acciones militares que provocó la caída del gobierno de Mosadeq y la reinstauración de Mohamadreza Pahlavi.
Este acto de “cambio de régimen” destruyó el orden político constitucional de Irán, fortaleció el autoritarismo monárquico y transformó profundamente la percepción iraní de Estados Unidos.
Las consecuencias de este crimen continúan condicionando las relaciones entre Irán y Estados Unidos hasta el día de hoy.
Entrenamiento de la SAVAK: construcción de un aparato represivo
Tras el golpe de Estado de 1953, agentes de la CIA mantuvieron una firme presencia en Irán para ayudar a organizar y entrenar al aparato de inteligencia iraní que posteriormente se convertiría en la SAVAK.
La CIA proporcionó al personal de la SAVAK formación especializada en contrainteligencia, análisis de inteligencia y operaciones encubiertas, contribuyendo a crear un notorio centro de tortura conocido por la vigilancia política, el encarcelamiento de opositores, la tortura y la represión de disidentes.
Los diplomáticos estadounidenses eran plenamente conscientes de las graves violaciones de los derechos humanos que se cometían en Irán, pero mantuvieron la estrecha relación estratégica con el dictador iraní durante las décadas de 1960 y 1970.
Según expertos jurídicos, Estados Unidos es, por tanto, responsable de crear y mantener el instrumento de represión política que torturaría y mataría a miles de iraníes.
Apoyo militar y político de EEUU al dictador
Durante las décadas de 1960 y 1970, Washington convirtió a Irán en uno de sus principales aliados regionales, proporcionándole ingentes cantidades de armamento, entrenamiento militar, cooperación en materia de inteligencia, respaldo diplomático y apoyo al papel del sah en materia de seguridad regional.
Aunque las ventas de armas no son ilegales en sí mismas, la conducta políticamente reprochable consistió en que Washington apoyó conscientemente a un gobierno autoritario cuya represión interna era extremadamente severa.
La cuestión se volvió especialmente controvertida durante el período 1977-1979, cuando la Administración Carter afirmaba promover los derechos humanos en todo el mundo mientras mantenía una estrecha relación estratégica con Pahlavi.
Congelación de activos y restricciones económicas de 1979-1980
En noviembre de 1979, el presidente estadounidense Jimmy Carter ordenó congelar aproximadamente 8000 millones de dólares en activos del gobierno iraní depositados en bancos estadounidenses, dando inicio a una guerra económica que se prolongaría durante casi medio siglo.
Posteriormente, Washington impuso restricciones económicas más amplias y amplió progresivamente la congelación de activos, mientras importantes bancos estadounidenses e internacionales rompían sus vínculos con Irán y grandes empresas abandonaban sus contratos con el país.
Expertos jurídicos han caracterizado estas medidas como coerción económica, una consideración reforzada por décadas de incautaciones de activos y restricciones continuadas.
En 1984, Washington designó formalmente a Irán como supuesto “Estado patrocinador del terrorismo”, una determinación política que posteriormente se convirtió en fundamento jurídico de numerosas medidas adicionales, ilegales y represivas, entre ellas restricciones a las transacciones financieras, la inmunidad soberana, los activos iraníes, las exportaciones, las inversiones y los litigios contra entidades estatales iraníes.
Durante las décadas siguientes, el volumen de activos iraníes congelados creció exponencialmente, y las estimaciones sitúan actualmente entre 80 000 y 120 000 millones de dólares la riqueza iraní bloqueada en todo el mundo, en países como Corea del Sur, Japón, China, Irak y diversas naciones europeas.
Los hechos históricos no son objeto de controversia: Estados Unidos comenzó a congelar activos iraníes en 1979-1980 y las sucesivas Administraciones estadounidenses han mantenido y ampliado estas congelaciones mediante órdenes ejecutivas y presiones políticas, privando al pueblo iraní de su legítima riqueza nacional.
Operación Eagle Claw: incursión militar en territorio iraní
El 24 de abril de 1980, Estados Unidos lanzó la Operación Eagle Claw, un intento de rescatar a los espías estadounidenses que se hacían pasar por personal de la embajada en Teherán, operación que fracasó estrepitosamente en el desierto iraní.
Las fuerzas militares estadounidenses entraron en territorio iraní sin el consentimiento del gobierno iraní, generando una grave cuestión de soberanía y de uso de la fuerza que sigue siendo un hecho documentado.
Apoyo de EEUU a Irak durante la guerra impuesta de la década de 1980
Estados Unidos desempeñó un papel decisivo al facilitar la agresión militar no provocada y devastadora de Sadam Husein contra Irán durante la guerra impuesta de 1980-1988.
La agresión se produjo por instigación de Estados Unidos, apenas unas horas después de unas negociaciones infructuosas entre Estados Unidos e Irán celebradas en Alemania sobre los activos congelados.
El apoyo estadounidense al régimen baazista de Irak también incluyó inteligencia, información satelital y del campo de batalla, respaldo diplomático, contactos políticos, asistencia económica, tecnología de doble uso y esfuerzos destinados a impedir una victoria iraní.
Documentos desclasificados demuestran que Washington conocía el amplio uso de armas químicas por parte de Irak; un memorando del Departamento de Estado de 1983 analizaba explícitamente el empleo iraquí de armas químicas.
El National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional) resume las pruebas señalando que, pese a ello, Estados Unidos continuó con su política general de apoyo a Irak.
El alcance de la complicidad estadounidense fue estremecedor. Un programa encubierto en el que participaron más de 60 oficiales de la Agencia de Inteligencia de Defensa proporcionó secretamente al Estado Mayor iraquí información detallada sobre los despliegues iraníes y la planificación táctica.
Los iraquíes compartían sus planes de batalla con los estadounidenses, quienes sabían que los comandantes iraquíes emplearían armas químicas en batallas decisivas.
Estados Unidos proporcionó esta asistencia fundamental para la planificación militar en un momento en que sus agencias de inteligencia eran plenamente conscientes de que Irak estaba utilizando armas químicas contra las fuerzas iraníes.
El resultado fue el bombardeo químico de soldados y civiles iraníes, con más de 100 000 municiones químicas empleadas contra las fuerzas iraníes, según pruebas documentadas.
La ciudad de Sardasht fue bombardeada con agentes químicos, causando la muerte de cientos de personas y heridas a más de 8000, mientras los supervivientes continúan sufriendo las consecuencias hasta el día de hoy.
Estados Unidos apoyó y protegió conscientemente a un gobierno que utilizaba reiteradamente armas químicas contra los iraníes, anteponiendo sus objetivos estratégicos a cualquier acción destinada a detener esos ataques.
Además, después del ataque con armas químicas de carácter genocida perpetrado por Irak en Halabja en 1988, las autoridades estadounidenses culparon falsamente a Irán, pese a saber que este no había utilizado semejantes armas de destrucción masiva.
Posteriormente, algunos políticos estadounidenses contemporáneos, como el exsecretario de Estado Mike Pompeo, repitieron estas falsas acusaciones durante la primera Administración Trump.
Durante la agresión, Washington también actuó internacionalmente para impedir que Irán obtuviera armas mediante la Operación Staunch, que pasó a formar parte de la estrategia más amplia de Estados Unidos para socavar la resistencia iraní frente a la agresión no provocada.
Agresión naval estadounidense en el golfo Pérsico, 1987-1988
Estados Unidos comenzó a escoltar petroleros kuwaitíes bajo bandera estadounidense en el marco de la Operación Earnest Will, lo que provocó varios enfrentamientos directos con las fuerzas iraníes.
Por ejemplo, en septiembre de 1987, las fuerzas estadounidenses atacaron y capturaron el buque iraní Iran Ajr, acusándolo falsamente de colocar minas.
En octubre de 1987, las fuerzas estadounidenses atacaron plataformas petrolíferas iraníes después de que el petrolero Sea Isle City, con bandera estadounidense, fuera alcanzado, destruyendo dos plataformas iraníes en el marco de la Operación Nimble Archer.
En abril de 1988, después de que el USS Samuel B. Roberts chocara contra una mina, Estados Unidos lanzó la Operación Praying Mantis, dañando plataformas petrolíferas iraníes, hundiendo la fragata iraní Sahand, dañando la Sabalan y hundiendo o destruyendo varias embarcaciones navales iraníes de menor tamaño.
En 2003, la Corte Internacional de Justicia concluyó que los ataques estadounidenses contra las plataformas petrolíferas iraníes no podían justificarse como medidas necesarias de legítima defensa.
La Corte determinó específicamente que la Operación Praying Mantis en su conjunto, e incluso la parte dirigida contra las plataformas Salman y Nasr, no constituyó un uso proporcional de la fuerza en legítima defensa.
Este es uno de los casos más contundentes de la lista, ya que un tribunal internacional llegó a pronunciarse efectivamente sobre la legalidad de la conducta estadounidense.
Vuelo 655 de Iran Air: asesinato de 290 civiles
El 3 de julio de 1988, el USS Vincennes derribó deliberadamente el vuelo 655 de Iran Air, un Airbus A300 civil que cubría la ruta entre Bandar Abás y Dubái, causando la muerte de las 290 personas que viajaban a bordo, incluidos 66 niños.
Irán inició un procedimiento contra Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a Washington de violar el derecho internacional de la aviación y la prohibición del uso de la fuerza.
El caso terminó siendo retirado después de que Estados Unidos pagara aproximadamente 61,8 millones de dólares en concepto de compensación a las familias de las víctimas, sin admitir formalmente responsabilidad jurídica.
Estados Unidos alegó que el crucero había identificado erróneamente el Airbus como un F-14 atacante, explicación rechazada por todos los expertos internacionales. El episodio sigue siendo uno de los más traumáticos de las relaciones entre Irán y Estados Unidos.
Continuación del embargo económico y escalada de las sanciones
En octubre de 1987, el presidente Ronald Reagan emitió la Orden Ejecutiva 12613, imponiendo un embargo a las importaciones de bienes de origen iraní, unas restricciones que se fueron ampliando progresivamente con el tiempo.
En 1995, el presidente Bill Clinton emitió la Orden Ejecutiva 12957, dirigida contra las inversiones en el sector petrolero iraní, seguida de la Orden Ejecutiva 12959, que impuso un embargo integral al comercio y las inversiones.
En 1996, la Ley de Sanciones contra Irán y Libia amenazó con imponer sanciones a empresas extranjeras que realizaran inversiones significativas en el sector petrolero iraní, medida que Irán y muchos otros países consideraron una forma de coerción extraterritorial.
Durante la Administración Obama, Estados Unidos amplió drásticamente las sanciones contra el banco central iraní, las exportaciones de petróleo, el sector petroquímico, el transporte marítimo, los seguros, las instituciones financieras y el acceso al sistema bancario internacional.
Las medidas represivas e ilegales llegaron a ser tan extensas que Irán quedó cada vez más aislado del sistema financiero internacional.
Irán y funcionarios de derechos humanos de la ONU sostienen que estas sanciones unilaterales causaron graves daños a la salud, las importaciones de medicamentos, la seguridad alimentaria, el desarrollo económico, el empleo y el nivel general de vida del país.
El relator especial de la ONU sobre medidas coercitivas unilaterales ha documentado específicamente los efectos negativos de las sanciones estadounidenses sobre la salud y la vida de los iraníes, incluidas las dificultades para obtener medicamentos vitales pese a las exenciones humanitarias formales.
Doble contención y apoyo a grupos antigubernamentales
La Administración Clinton aplicó una política de doble contención contra Irán e Irak, con el objetivo de limitar la influencia económica, militar y regional iraní al tiempo que mantenía sanciones integrales.
Expertos jurídicos caracterizaron esta política como una estrategia de estrangulamiento económico del pueblo iraní.
Especialmente a partir de la década de 2000, Washington incrementó la financiación de iniciativas controvertidas, y la Ley de Apoyo a la Libertad de Irán de 2006 autorizó explícitamente asistencia financiera y política a personas y organizaciones hostiles a la República Islámica.
Estos programas estaban dirigidos a interferir en los asuntos internos del país, llevar a cabo operaciones de “cambio de régimen”, subversión política y guerra psicológica.
Legislación estadounidense que permite la incautación de activos iraníes
Desde la década de 1990 hasta la década de 2010, el Congreso estadounidense modificó reiteradamente la legislación sobre inmunidad soberana para permitir el embargo de activos iraníes y su utilización para satisfacer sentencias dictadas por tribunales estadounidenses.
Esto terminó siendo objeto de un importante caso ante la Corte Internacional de Justicia: Certain Iranian Assets (Ciertos activos iraníes). En su sentencia de 2023, la CIJ determinó que Estados Unidos había violado en varios aspectos el Tratado de Amistad de 1955 en relación con empresas y bienes iraníes, constatando específicamente violaciones de múltiples artículos del tratado.
El tribunal internacional también determinó que Estados Unidos estaba obligado a compensar a Irán por los perjuicios derivados de dichas violaciones.
En 2026, la fase relativa a las compensaciones continúa abierta, y la Corte ha fijado el 25 de noviembre de 2026 como fecha para que Irán presente su memoria sobre las reparaciones.
Los tribunales estadounidenses llegaron incluso, en el marco de sus campañas depredadoras, a declarar una supuesta responsabilidad iraní por los atentados del 11 de septiembre y a exigir miles de millones de dólares en indemnizaciones, pese a que la propia investigación oficial no mostró ninguna implicación de Irán.
Stuxnet y la ciberguerra contra Irán
El malware Stuxnet fue utilizado contra las instalaciones nucleares iraníes, particularmente contra la infraestructura de centrifugadoras de Natanz, en lo que informes públicos e investigaciones del Congreso estadounidense identificaron como una operación conjunta entre Estados Unidos e Israel asociada al nombre en clave Olympic Games.
La operación fue técnicamente extraordinaria porque no se limitó al robo de información, sino que fue diseñada para manipular sistemas de control industrial e interrumpir físicamente el funcionamiento de las centrifugadoras.
La campaña cibernética más amplia también ha sido vinculada a programas maliciosos como Flame, que atacó sistemas iraníes y que investigadores de ciberseguridad atribuyeron a actores estadounidenses e israelíes.
Presiones durante los disturbios de 2009
Tras las elecciones presidenciales iraníes de 2009, Washington apoyó públicamente y armó a manifestantes iraníes que protagonizaron disturbios en las principales ciudades. Se trató de un intento de Estados Unidos de derrocar al gobierno.
Existe evidencia clara y documentada del apoyo estadounidense a manifestantes armados iraníes y de iniciativas de comunicación, lo que constituyó una evidente injerencia política.
Máxima presión tras la retirada de Trump del JCPOA en 2018
En mayo de 2018, Trump retiró a Estados Unidos del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA o PIAC, por sus siglas en inglés), pese a que Irán cumplía plenamente sus compromisos según el marco de la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA).
Washington volvió entonces a imponer y amplió las sanciones ilegales y generalizadas bajo la política conocida como “máxima presión”, dirigida contra las exportaciones petroleras iraníes, la banca, los productos petroquímicos, el transporte marítimo, los metales, las transacciones del banco central, sectores industriales, altos funcionarios y numerosas empresas.
Las consecuencias humanitarias se volvieron especialmente controvertidas debido a que las sanciones generaron enormes efectos de sanciones secundarias y de sobrerreacción de cumplimiento, haciendo que bancos y empresas extranjeras se mostraran reacios a realizar incluso transacciones humanitarias permitidas.
El relator especial de la ONU documentó casos en los que empresas farmacéuticas dejaron de suministrar medicamentos a Irán debido a los efectos prácticos de las sanciones estadounidenses.
Asesinato del general Qasem Soleimani
El 3 de enero de 2020, Estados Unidos llevó a cabo un ataque con drones cerca del aeropuerto de Bagdad que provocó el asesinato del comandante iraní de la lucha antiterrorista, el general de división Qasem Soleimani, junto con el comandante de la resistencia iraquí Abu Mahdi al-Muhandis y sus acompañantes.
La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnes Callamard, concluyó que el asesinato fue ilegal, al igual que diversos activistas independientes de derechos humanos.
Callamard afirmó además que Estados Unidos no había aportado pruebas suficientes de un ataque inminente que pudiera justificar la operación en virtud del artículo 51 de la Carta de la ONU y que había violado la integridad territorial de Irak.
El general Soleimani se encontraba en Irak por invitación del gobierno iraquí cuando fue martirizado.
Incautación y decomiso por parte de EEUU de petróleo y activos iraníes
Durante las décadas de 2010 y 2020, Washington recurrió cada vez más a la legislación sobre sanciones, procedimientos de decomiso y mecanismos de aplicación marítima para incautar ilegalmente cargamentos de petróleo iraní y otros activos.
Expertos internacionales caracterizaron estas medidas como piratería, guerra económica, apropiación de bienes soberanos y violaciones del derecho internacional.
Agresión estadounidense-israelí contra Irán en 2026
El 28 de febrero de 2026, Estados Unidos y el régimen israelí lanzaron una agresión a gran escala contra la República Islámica de Irán, que provocó el martirio de altos dirigentes iraníes, incluido el Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.
La campaña militar no provocada tuvo como objetivo numerosos edificios civiles, instalaciones militares, instalaciones nucleares y otros objetivos estratégicos en todo el país, en flagrante violación del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas.
La agresión se lanzó sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y sin una justificación creíble basada en el derecho de legítima defensa establecido en el artículo 51 de la Carta de la ONU, dado que Irán no había cometido ningún ataque armado contra Estados Unidos que pudiera justificar una acción militar de semejante magnitud.
Expertos jurídicos y especialistas en derecho internacional han cuestionado sistemáticamente la validez de las justificaciones estadounidenses e israelíes, señalando que las afirmaciones sobre supuestas amenazas futuras eran, en el mejor de los casos, especulativas y que el alcance y la magnitud de la operación excedían con creces cualquier posible alegación de legítima defensa.
El carácter no provocado de esta agresión, que se produjo después de años de retirada estadounidense de acuerdos internacionales y de campañas de máxima presión, representó otro capítulo en la larga historia de acciones militares ilegales de Washington contra la nación iraní y una clara violación de la soberanía y la integridad territorial de Irán, que exige una compensación.
Ataque contra la escuela de Minab
El primer día de la guerra de agresión de 40 días, una escuela primaria de Minab fue alcanzada por misiles estadounidenses, causando la muerte de al menos 168 escolares y docentes.
Múltiples investigaciones concluyeron que las fuerzas estadounidenses fueron responsables, mientras que imágenes satelitales sugirieron que la escuela había sido alcanzada por varias armas lanzadas desde el aire.
En junio, el presidente estadounidense Trump declaró que “quizá nunca llegue a determinarse quién fue responsable”, mientras la investigación del Pentágono seguía sin resolverse, en un intento de exculparse del crimen.
Ataques de EEUU contra infraestructuras civiles iraníes
Durante las etapas posteriores de la guerra de agresión de 40 días, los ataques estadounidenses se ampliaron para incluir puentes civiles, túneles, instalaciones de comunicaciones, infraestructuras hídricas, plantas desalinizadoras, bancos, instalaciones eléctricas, puertos y otras infraestructuras.
Hospitales y ambulancias también fueron atacados deliberadamente en distintas ciudades iraníes durante la guerra.
Bloqueo naval estadounidense contra Irán
En abril de 2026, Estados Unidos anunció un bloqueo del tráfico marítimo de entrada y salida de los puertos iraníes.
Irán presentó formalmente una denuncia ante el Consejo de Seguridad de la ONU, describiendo el bloqueo como una violación de la soberanía, una vulneración de la integridad territorial, una violación del artículo 2.4 de la Carta de la ONU, un acto de agresión y una interferencia ilegal en el comercio marítimo internacional.
A principios de este mes, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Peter Hegseth, afirmó que la Armada podría mantener el bloqueo indefinidamente, lo que hace indispensable que Estados Unidos pague reparaciones a Irán.
Texto recogido de un artículo publicado en Press TV
