• Una sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en México.
Publicada: jueves, 18 de junio de 2015 5:43

El Congreso mexicano aprobó un decreto para tipificar el delito de desaparición forzada, lo cual fue respaldado por 19 congresos estatales de los 31 estados en el país.

"La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró aprobado el decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política, en materia de desaparición forzada o involuntaria de personas", anunció el miércoles el Senado de la República en un comunicado de prensa.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró aprobado el decreto por el que se reforma el artículo 73 de la Constitución Política, en materia de desaparición forzada o involuntaria de personas", anunció el Senado de México.

La aprobación de la iniciativa se produjo después de que un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidiera el pasado marzo al Senado mexicano una ley general de derechos humanos que prevenga y sancione la desaparición forzada de personas.

De acuerdo con el comunicado, la Cámara de Senadores autoriza al Congreso para emitir leyes que establezcan las penas para la desaparición forzada de personas, además de definir los trámites para investigar el paradero de personas víctimas de este crímen.

La reforma constitucional “no es una victoria de los políticos y de quienes rechazaron durante muchos años” que la desaparición forzada se registra en nuestro país, sino que se trata de un triunfo de la sociedad civil, de las víctimas, destacó el senador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), Zoé Robledo Aburto.

El senador Zoé Robledo Aburto, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD)

 

Al respecto, el senador Arturo Zamora Jiménez, por el Partido Revolucionario Institucional, afirmó que esta reforma genera ordenamientos procesales y permite la investigación del destino de personas, víctimas de desaparición forzada, ya sea por una actividad del Estado, por la acción de un particular con la colaboración del Estado e incluso por actividades de particulares.

“Estamos ahora frente a la gran responsabilidad de trabajar en el diseño y elaboración de las leyes generales que garanticen una adecuada tipificación de estas violaciones graves a derechos humanos, acordes a los instrumentos internacionales”, dijo la senadora María del Pilar Ortega Martínez, del Partido Acción Nacional.

Las críticas por la falta de una legislación para castigar este delito aumentaron después de que anunciaran el pasado 26 de septiembre la desaparición de 43 estudiantes de la escuela rural de Ayotzinapa, en Iguala, estado de Guerrero (sur), a manos de policías que según la Fiscalía federal, los entregaron al cartel Guerreros Unidos que asegura haberlos asesinado e incinerado en un basurero, aunque solo un cuerpo ha sido identificado hasta la fecha.

Este incidente ha levantado masivas marchas de protestas en México y ha expuesto al Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto a duras críticas nacionales e internacionales por la falta de justicia en el caso de los estudiantes, y la flagrante violación de los derechos humanos en el país.

Los padres y familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa participan en una protesta en Acapulco, estado de Guerrero.

 

A principios de marzo, Nieto reconoció que existe una sensación de “incredulidad y desconfianza” entre los mexicanos por el caso de Ayotzinapa.

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